El Gobierno quiere endurecer las prejubilaciones voluntarias

Escrivá expuso la necesidad de eliminar la «incertidumbre» entorno a las pensiones y visibilizar la «solvencia» del sistema. Para ello, a corto plazo, el ministro apuesta por un cambio «contable» al librar a la Seguridad Social de cargas que no le corresponden y merman sus ingresos, como las políticas activas de empleo o determinadas prestaciones. A medio plazo, el reto viene de la mano de la generación baby boom que se jubilará a partir de mediados de la década.

Un elevado número de jubilados que provocará un crecimiento del gasto, pero será «bastante manejable y reconducible» si se actúa sobre tres palancas: la vuelta al marco previo a la reforma de las pensiones del 2013, incentivos «positivos» para extender la vida laboral de los trabajadores y el desarrollo de la previsión social complementaria.

TRABAJAR MÁS AÑOS / Con el objetivo de acercar la edad efectiva de jubilación (64,4 años) a la edad legal (67 años), el ministro propone endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias e incentivar la demora. Las prejubilaciones voluntarias han crecido un 66% desde el 2014, hasta suponer el año pasado el 16% del total. Un alza que el ministro achaca a la incertidumbre generalizada por las previsiones «catastrofistas» sobre el futuro del sistema. La jubilación anticipada voluntaria tiene una penalización sobre la pensión del 8% pero, según Escrivá, en muchos casos la tasa real es inferior, sobre todo para las rentas más altas, por lo que propone rediseñarla «para que el desincentivo sea mayor».

Para estimular el retraso de la jubilación, el otrora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aseguró que aunque hay varios incentivos -porcentaje adicional por cada año cotizado por encima de la edad legal de jubilación de entre el 2% y el 4%- tienen muy poca aplicación porque son posibilidades «muy poco conocidas». El ministro anunció la «evaluación» de esos mecanismos y la puesta en marcha de campañas de publicidad para darles impulso. «Por cada año en que la edad efectiva de jubilación aumenta, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro».

Escrivá también planteó trasladar «progresivamente» los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales -fondos de pensiones privados- a los planes de pensiones de empresas, fruto de la negociación colectiva. Según las cifras del ministerio de Seguridad Social, la rentabilidad media de los planes de empresa a 10 años (2009-2019) es del 4%, mientras que en el caso de los planes individuales es del 2,5%. «Una parte de esta brecha tiene que ver con que las comisiones (lo que se lleva el intermediario) de los planes de privados son de 1,2 puntos. Es un producto extraordinariamente caro», advirtió. Los planes empresariales tienen una comisión de 0,3 puntos.

Escrivá puso como ejemplo de éxito en el que fijarse el caso de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco. En esa comunidad, los planes empresariales alcanzan al 50% de los trabajadores, frente al 10% en el resto de España.

El ministro no especificó cómo se producirá ese desplazamiento de la fiscalidad de unos planes a otros, pues es un planteamiento todavía en discusión, tanto respecto al «calendario» como a la «cuantía». Primero, la Airef debe emitir el informe encargado por el Gobierno sobre esta materia.

BORRADOR CONGELADO// El ministro pidió a los miembros del Pacto de Toledo que retomen el trabajo desde el borrador de febrero del año pasado, que quedó congelado por la convocatoria electoral de abril, y del que surgen las propuestas del ministro. El objetivo es llevar la reforma legislativa en la segunda mitad del año y que en 2021 las pensiones se puedan actualizar con un marco estable.