El Gobierno quiere endurecer la prejubilación voluntaria e incentivar los planes de empresa

Escrivá enumeró tres palancas claves para abordar el reto demográfico al que se enfrenta España a partir de mediados de la década --cuando la generación 'baby boom' se jubile-- y que supondrá un crecimiento del gasto en pensiones que, según él, será "bastante manejable y reconducible". Esto es, volver al marco previo a la reforma de las pensiones de 2013 (2011), dar incentivos "positivos" para extender la vida laboral y desarrollar la previsión social complementaria.

Para prolongar la vida laboral, el ministro ha propuesto incentivar la demora de la jubilación y endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias. Las prejubilaciones voluntarias han crecido un 66% desde el año 2014 hasta suponer el 16% del total de las jubilaciones el año pasado, en parte porque "el diseño del incentivo es muy regresivo y el desincentivo es mucho menor del que uno puede suponer", según el ministro. En la actualidad, la jubilación anticipada voluntaria tiene una penalización sobre la pensión del 8%, pero según Escrivá en muchos casos la tasa real es inferior, sobre todo en el caso de las rentas más altas, por lo que propone rediseñarla sa"para que el desincentivo sea mayor".

Respecto a retrasar la jubilación, el otrora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha asegurado que hay varios incentivos pero con muy poca aplicación porque las posibilidades existentes son "muy poco conocidas y nada evaluadas". Por ello, el ministro ha anunciado la evaluación de esos mecanismos y la puesta en marcha de campañas de publicidad que les de impulso. "Habrá mucho más porcentaje de personas en edad de jubilación que querrán estar activos en el mercado de trabajo, pero hay que ofrecerles un esquema bien diseñado que les genere incentivos", ha asegurado.

Por otra parte, el ministro también ha planteado la posibilidad de trasladar "progresivamente" los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales --fondos de pensiones privados-- a los planes de pensiones de empresas --procedentes de la negociación colectiva--, con el objetivo de beneficiar a las rentas medias y bajas.

Según las cifras del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la rentabilidad media de los planes de empresa a diez años (2009-2019) es del 4%, mientras que en el caso de los planes individuales la rentabilidad es del 2,5%. "Una parte de esta brecha tiene que ver con que las comisiones (lo que se lleva el intermediario) que son de 1,2 puntos. Es un producto extraordinariamente caro", ha advertido el ministro. Los planes empresariales tienen una comisión de 0,3 puntos.

Escrivá ha puesto el ejemplo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco como caso de éxito al que mirar. En esa comunidad, los planes empersariales alcanzan al 50% de los trabajadores, frente al 10% en el resto de España, con un patrimonio cerca del 20% del PIB de esta región, frente al total del 3% sobre España.

El ministro no ha especificado cómo se produciría ese desplazamiento de la fiscalidad favorable de unos planes a otros, al advertir que es un planteamiento todavía en discusión, tanto respecto al "calendario" como a la "cuantía". Además, ha recordado que primero la AIReF debe emitir el informe encargado por el Gobierno sobre esta materia.

Punto de partida

Las expectativas del Ejecutivo pasan por que las recomendaciones del Pacto de Toledo lleguen en los próximos meses para que a principios del año que viene las pensiones se puedan actualizar con un marco estable. Escrivá ha querido dejar claro durante su intervención que el punto de partida debe ser el borrador del Pacto de Toledo de febrero de 2019 que no logró el consenso en vísperas de las elecciones, según la mayor parte de los grupos, por los numerosos votos particulares que presentó Unidas Podemos, grupo entonces representado por la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Para el ministro, es "urgente" encontrar rápido el consenso para acabar con la "incertidumbre" que genera en los pensionistas las previsiones catastrofistas sobre el futuro del sistema y la falta de acuerdo político que han hecho que pierdan confianza y, eso, "merma los ingresos del sistema". Un ejemplo, según el ministro, es que el 85% de los autónomos en 2019 ha optado por la cotización mínima y el 16% de los jubilados han sido jubilaciones voluntarias, además de la caída de jubilados en las últimas elecciones. "Eso es algo que hay que revertir con radicalidad y decisión y eso pasa por un acuerdo en el Pacto de Toledo y a nivel diálogo social", ha explicado.