El impuesto de actividades económicas (IAE) tendrá que volver a reformarse, según admitió ayer en Barcelona el vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato. La última modificación, que entró en vigor en enero pasado con la nueva ley de haciendas locales, dejó a 2,1 millones de autónomos y pequeñas empresas exentas del pago de este tributo municipal. No obstante, siguen sometidos al mismo unas 300.000 sociedades y profesionales que facturan más de un millón de euros al año (166,4 millones de pesetas) y que han sufrido una subida media del gravamen de alrededor del 30%.

"CAPITULO ABIERTO"

Rato reconoció que la línea divisoria entre las compañías que deben tributar por este gravamen y las que no están obligadas a hacerlo tiene una "justificación limitada". En este sentido agregó que el próximo Gobierno "deberá replantearse" esta figura tributaria y consideró su reforma como "un capítulo abierto".

En todo caso, destacó que los contribuyentes que siguen afectados por el impuesto "son las empresas más poderosas y pueden hacerse cargo del mismo y descontarlo de otros tributos, mientras que para las más pequeñas suponía un lastre". Aún así, reconoció como "discrecional" la línea divisoria (el millón de euros de facturación anual) entre quienes deben tributar y quienes no.

Durante un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona, el vicepresidente hizo un balance de la gestión económica del Gobierno desde 1996. "El del PP ha sido el Gobierno del equilibrio presupuestario y de las liberalizaciones", dijo.

En su opinión, las actuales tasas de ocupación y de nivel de deuda pública, que en el 2004 se situará en el 50% del PIB, son los principales legados del Ejecutivo que permitirán en el 2003 crecer unos 2,1 puntos por encima de la media de la zona euro.

Por otra parte, el PP rechazó ayer una moción de CiU que exigía suprimir el impuesto de sucesiones en toda España y compensar a las autonomías, que tienen el tributo cedido, al igual que se hizo con el IAE y los municipios. El PP anunció que suprimirá el gravamen en las comunidades en las que gobierna y recordó que las autonomías tienen capacidad para casi eliminarlo.