El empleo doméstico está regulado por un real decreto ley aprobado en el 2012 y que el PSOE modificó en su último Consejo de Ministros del 2018. Con el decreto del PP, a las trabajadoras del hogar se les suspendía el derecho a paro y se les calculaba la pensión bajo criterios diferentes a los del resto de asalariados hasta el 2024. El PSOE avanzó esa fecha al 2021 e introdujo un sistema de nueve tramos de cotización según los ingresos.

Esta reforma que no ha contentado a parte del colectivo, tal como expresaron 42 organizaciones de toda España a través de un manifiesto. En este texto, las trabajadoras del hogar advierten que la reforma provocará un aumento de ingresos sin declarar. Por un lado, consideran demasiado elevada la base mínima para cotizar (206 euros) y, por el otro, el sistema de tramos incentiva a que se declaren ingresos inferiores a los reales para tributar menos.

Otra medida que sí puede contentar al colectivo es el aumento del 60% en la inversión en dependencia que contemplan los Presupuestos Generales del Estado, pendientes de conseguir los necesarios apoyos parlamentarios. Ello dotaría de más recursos a las familias para costear dentro de la legalidad los servicios de estas profesionales.