El Gobierno está dispuesto a dar más poder a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para frenar los conflictos entre las operadoras españolas, "si a la luz de los casos planteados, se estimara necesario", según el secretario de Estado de Comunicaciones, Francisco Ross. Aunque es el organismo regulador quien resuelve los problemas entre compañías, estos repercuten en los consumidores.

Entre las nuevas atribuciones que podrían concederse a la CMT estaría el aumento de la capacidad sancionadora. En la actualidad, el máximo es de 20 millones de euros, el 1% de los ingresos brutos anuales de la rama de la actividad afectada, o el 5% de los fondos totales.

La multa más elevada que el regulador ha impuesto a una compañía ha sido de 18 millones de euros. Fue a Telefónica, el 23 de julio del 2002, "pero por incumplir una resolución" explican fuentes próximas a la CMT. Esa sanción se hizo de acuerdo con la anterior ley de telecomunicaciones, que establecía que las multas a los operadores podían llegar a ser el 1% de los ingresos totales brutos de la compañía. La ley actual los reduce al 1% de la "rama afectada".

MAS SANCIONES A la vista de estos datos y de las continuas tensiones entre los operadores que afectan a los consumidores, la secretaria de Estado está dispuesta a apoyar a la CMT. "Podríamos revisar la capacidad de sanción, pero también tenemos que plantearnos si tiene sentido, cuando el regulador no ha utilizado las sanciones máximas" razona Ross, quien recuerda que, además, habría que hacer el cambio mediante otra ley. Hasta ahora, el regulador no ha pedido ayuda explícita al Gobierno, aunque, "por sistema, todos los reguladores quieren más competencias", reconoce Ross.

CAMBIO EN LAS FACTURAS El Gobierno acaba de enviar al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información un nuevo decreto con dos novedades. Una es contra el slaming --cuando el operador cambia al cliente a otro operador sin avisarle-- y otra modifica las facturas.

En el caso del slaming , el nuevo decreto exigirá a la compañía que realiza el traspaso una prueba del consentimiento del cliente. "La carga de la prueba recaerá sobre el operador", añade Ross.

Con respecto a las facturas, se establece que los recibos lleven impreso el teléfono de atención al cliente de la compañía y también el del departamento de atención al usuario que el Ministerio de Industria abrió el pasado año. Además, deberán incluir las páginas de internet de ambas oficinas de reclamaciones. Dos veces al año, los recibos recogerán un resumen de los derechos de los usuarios.

"Esperamos que este decreto quede aprobado antes del verano", subraya Ross, quien recuerda que el Gobierno poco puede hacer en las relaciones entre los operadores, pero sí debe de trabajar por "el amparo de los consumidores". La oficina de atención al usuario de Industria abrió sus puertas en abril del 2005 y ha atendido 63.000 reclamaciones, de las que el 50% estaban relacionadas con el acceso a internet, el 30% con la telefonía fija y el 14% con el móvil.

La mayoría de las quejas de internet están vinculadas a las disputas entre operadores por la oferta del bucle abonado (OBA). Cada cliente de un servicio telefónico fijo está conectado a la central más cercana de Telefónica por medio del cable de cobre, el par o bucle abonado . Ante la imposibilidad de que cada operador pueda desplegar una red propia, Telefónica está obligada a alquilar el acceso a ese tramo. Las tecnologías ADSL, que ofrecen acceso a internet a alta velocidad hacen uso de esa red de cobre, construida por Telefónica a lo largo de décadas de servicio telefónico.