El retraso voluntario de la jubilación ha atraído a pocos trabajadores desde que se potenció esta vía en la Seguridad Social en el 2008. Solo 16.161 personas decidieron retirarse con más de 65 años en el 2009 y aprovechar el premio de un incremento de la pensión del 2% o el 3% por cada ejercicio de alargamiento de su vida laboral. El Ejecutivo se aferra a estas cifras para defender su opción de retrasar por ley la jubilación con el argumento de que dejarlo a la voluntariedad de empleados y empresas tiene resultados muy lentos.

Unicamente el 10% de los trabajadores que se jubilan con un mínimo de 65 años demoran su retiro. Entre el 2008 y el 2009 sumaron 28.486 personas, y entre enero y mayo de este año fueron 11.084, de los que el 55% estaban adscritos a regímenes especiales de la Seguridad Social como el de autónomos.

Mientras los sindicatos proponen incrementar los incentivos económicos para impulsar el retraso voluntario de la jubilación, el Gobierno ratificó ayer sus planes de subir la edad del retiro de 65 a 67 años. "La mejor forma de alargar la edad real de jubilación es también alargar la edad legal; este es nuestro criterio", aseguró el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la cadena SER.

COEFICIENTE REDUCTOR Las excepciones que prevé el Ejecutivo a esa norma serán para los que trabajen en empleos penosos --que ahora ya pueden retirarse antes de los 65 años sin penalización-- y los que tengan carreras largas de cotización que Gómez cifró en "38, 39 o 40 años". El resto de trabajadores podrá anticipar su retiro antes de los 67 años pero perdiendo pensión. El llamado coeficiente reductor está situado ahora entre el 6% y el 8% de recorte de la prestación por cada año de anticipo.

La jornada de manifestaciones sindicales y el anuncio de una nueva huelga general en enero parece que no han hecho mella en las intenciones del Ejecutivo. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó ayer en la comisión ejecutiva federal del PSOE que los objetivos de la reforma son fortalecer y garantizar el sistema público. Zapatero respondía así a las declaraciones del líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, que pidió que la reforma se hiciera "desde el prisma de la izquierda".

Cuando todavía falta más de un mes para que el Consejo de Ministros apruebe la reforma, el próximo 28 de enero, el Ministerio de Trabajo tiene "razonablemente bien construido cuál sería el escenario". El ministro mostró su rechazo al plan de prejubilaciones que se llevará a cabo en la fusión que lideran Caja Madrid y Bancaja. "Al ministro de Trabajo no le gustan estas prejubilaciones", afirmó. Aunque la jubilación anticipada --la figura de la prejubilación no existe-- es un derecho recogido en la legislación actual, Valeriano Gómez avanzó también la posibilidad de que el periodo de cálculo de la pensión pase de 15 a 20 años, aunque tampoco descartó que se requiera un mínimo de 25, aunque este de aplicaría de forma progresiva.

Esta tarde podrían quedar redactadas las recomendaciones que la comisión del Pacto de Toledo debe presentar para su aprobación en el pleno del día 30.