El Gobierno sopesa congelar el sueldo de los empleados públicos de todas las administraciones si ello es preciso para conseguir el objetivo de reducir el 4% este capítulo de gastos antes del 2013. Así lo dio a entender ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien admitió que el acuerdo de moderación salarial suscrito por el Gobierno y los sindicatos para los años 2010, 2011 y 2012 "tendrá que ser revisado", y "se tendrá que ajustar al objetivo" de recorte del gasto de Estado, autonomías y ayuntamientos.
"No hemos planteado una disminución de las retribuciones", dijo Ocaña. Y al ser preguntado sobre si lo que estaba planteando era una congelación salarial, insistió en que "lo que se acordó con los sindicatos tendrá que adaptarse a los objetivos". Añadió que queda fuera de cuestión lo pactado para el 2010, un alza del 0,3%. Otra cosa pueden ser los ejercicios siguientes. El plan de austeridad del Gobierno prevé bajar el peso de los salarios públicos sobre el PIB desde el 11,4% del 2009 al 10% en el 2013. Eso puede suponer un ahorro de unos 10.505 millones. Para conseguirlo se cuenta con la moderación salarial pactada con los sindicatos y con la decisión de reponer solo el 10% de las plazas que queden libres (solo se cubrirán 18.200 de las 182.000 bajas previsibles hasta el 2013). Pero es muy posible que esto no baste y que haya que "revisar" el acuerdo con los sindicatos, según explicó ayer Ocaña, a preguntas de los periodistas.
CLAUSULA DE GARANTIA El acuerdo fue firmado por la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega y por los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF el 25 de septiembre. El documento, publicado en el BOE, incorporaba, como principal novedad, una cláusula de revisión salarial para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los 2,7 millones de empleados públicos. Según el acuerdo, si los salarios suben menos que la inflación, se compensará en el 2012 y el 2013. Revisar el acuerdo, pues, podría implicar prescindir de la cláusula de revisión, lo que supondría bajar el salario real del colectivo.
Cuando el Gobierno presentó el plan de austeridad para reducir el déficit al 3% del PIB en el 2013 (el 29 de enero), tanto De la Vega como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, explicaron que se respetaría el citado acuerdo. Pero, el 12 de febrero, Salgado dio pie a especulaciones al afirmar que "de momento" el Gobierno no pensaba "tocar el sueldo de los funcionarios".
Ahora, la duda es si Ocaña va por libre o si tan solo avanza lo que piensa el Gobierno. "Rajoy incumplió un compromiso de Felipe González y congeló los sueldos. Este Gobierno corre el riesgo de no cumplir su propio acuerdo, con lo que la frustración sería mucho mayor", lamentó el secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda.
