El Gobierno suprimirá 10.600 empleos en la Administración General del Estado (AGE) hasta el 2013 con el fin de ahorrar cerca de 250 millones de euros en los próximos tres años. La medida la ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que ha dado su visto bueno a la reducción del número máximo de vacantes en la AGE del 8% al 5% a través de la amortización o supresión de estas plazas denominadas RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y que evitará "desviaciones al alza" en los salarios de los empleados públicos.
La reducción de empleos públicos afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. No quedarán afectadas las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que la supresión de puestos de trabajo tiene carácter "excepcional" y servirá para "garantizar la viabilidad del sistema de protección social". De la Vega se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para que este colectivo pueda recuperar su poder adquisitivo en cuanto la economía española entre en una fase de recuperación.
OBSERVATORIO DE EMPLEO PÚBLICO
De la Vega también ha anunciado la creación del Observatorio del Empleo Público, que tendrá como misión analizar la actual situación del empleo en las administraciones públicas, su estructura y servicios. La vicepresidenta ha asegurado que el nuevo Observatorio "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas y será un foro de intercambio y comunicación de información para hacer "más eficiente" la Administración General del Estado.
