Las pensiones se actualizarán en base al IPC de diciembre, no al de noviembre como se venía haciendo en los últimos años. Este es el principal escenario con el que está trabajando el Ministerio de Trabajo, según confirmaron fuentes internas y a falta de coordinarse con el Ministerio de Hacienda. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó ayer que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas, es decir, 385,8 millones extras en total.

Diversas fuentes del Ministerio estiman que el IPC esperado para noviembre es de alrededor del 2,1% o 2,2% y que para diciembre se calcula un 1,9%. En este caso, la paga compensatoria a los pensionistas tendrá un coste cerca de 386 millones de euros. El cálculo final se acabará de definir en las próximas semanas y el ministerio lo achaca a una cuestión de plazos, no tanto de la cuantía extra que acabe suponiendo.

En caso de que la desviación de precios se consolidara en la nómina de las pensiones, un asunto que todavía no está del todo claro, estos 386 millones de euros se duplicarían y el coste total de la compensación rondaría entonces los 772 millones de euros. Esto entrará en vigor en enero, ya sea vía la aprobación de un nuevo presupuesto, pendiente de la consecuente aritmética parlamentaria, o vía prorroga del presente. De estos 772 millones, la mitad se destinarían a compensar a los pensionistas por la desviación de precios (es decir, a lo que se conoce como la «paguilla») y el resto a consolidar en nómina el desvío del IPC.

OBJETIVO DÉFICIT: 2022 / La ministra Magdalena Valerio reiteró durante su intervención uno de los objetivos de su ministerio: sanear el déficit en el sistema de pensiones para el año 2022. La fecha coincide con el impacto que tendrá el cambio demográfico previsto para dichas fechas, cuando gran parte de los baby boomers pasen a jubilarse. «Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema», declaró la ministra, que apostó por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad, que suponen un coste de 2.500 millones de euros, se paguen a través del Estado, no únicamente a través de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por el lado de los ingresos, Valerio reconoció que el impuesto de transacciones financieras, con el que se prevén recaudar unos 850 millones de euros al año para financiar el sistema de pensiones, solo dará para un «aperitivo discreto». «Hay que inyectar ingresos porque no vale solo con el impuesto de transacciones financieras», remarcó. En todo caso, insistió en que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan y el mes a mes de las pensiones se paga con lo que cotizan los trabajadores cada mes. «El problema lo tenemos para afrontar el pago de las pensiones extraordinarias de junio y diciembre», añadió.

El gasto en pensiones alcanzó los 9.287,27 millones en noviembre, un incremento del 4,85% con respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados también ayer por el ministerio. La pensión media de jubilación ascendió en noviembre un 3,4% en relación con el mismo mes del año pasado, hasta los 1.106,18 euros, mientras que la de viudedad se incrementó un 4,89% hasta los 680,42. En conjunto, la pensión media del sistema -que comprende jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares- fue de 959,91 euros.