Sin proponérselo, el Gobierno provocó ayer otra polémica en torno al futuro del sistema público de pensiones, que dio como resultado que hoy todo el mundo piense que el Gobierno, además de querer alargar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación, pretende ampliar de 15 a 25 años el periodo que sirve para calcular la cuantía de la pensión.

El Programa de Estabilidad 2009-2013 enviado ayer a Bruselas calcula que al final de la década del 2020 se podría ahorrar el 4% del PIB, que es la mitad del gasto actual en pensiones, retrasando a 67 años la jubilación y ampliando a 25 años la base de cálculo de la pensión.

De poco sirvió que el Gobierno explicara ayer que la idea de alargar de 15 a 25 años el periodo de cálculo era solo "un ejemplo" para demostrar a los países del euro hasta qué punto España --que ocupa ahora la Presidencia de la UE-- es un socio fiable, capaz de abordar reformas de "amplio calado" en el sistema de pensiones para corregir sus cuentas. La confusión ya estaba sembrada y no hizo sino aumentar cuando el Ministerio de Economía envió una nota rectificativa explicando que se había remitido una especie de fe de erratas a la Comisión Europea para suprimir toda referencia a los 25 años en su propuesta.

Si el objetivo era dar credibilidad internacional a la firmeza del Gobierno en su objetivo de rebajar el déficit público desde el récord del 11,4% del PIB en el 2009, hasta el 3% en el 2013, es posible imaginar qué impresión pudo causar en Bruselas tan rocambolesca rectificación.

IMPROVISACION En clave interna, el "ejemplo" del Gobierno se interpretó, sin lugar a dudas, como una propuesta de reforma. Así lo entendieron políticos y agentes sociales que, en tromba, criticaron al Gobierno por haber utilizado un documento remitido a Bruselas para abordar una cuestión tan importante y sensible, desde el punto de vista social. Sobre todo, porque hace apenas cinco días el Consejo de Ministros aprobó un documento de Propuesta de Revisión del Pacto de Toledo en el que no había rastro del polémico "ejemplo".

Hasta el portavoz socialista en la Comisión de Trabajo, Jesús Membrado, opinó que el Gobierno se había precipitado explicitando su propuesta de reforma de las pensiones. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció que el Gobierno "vuelve a las andadas" al "filtrar" sus propuestas.

El secretario de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, opinó que el Gobierno debe abandonar su política "compulsiva" de meter a "la población en una especie de sobresalto continuo". También desde el sindicato UGT se expresó el rechazo a las propuestas del Gobierno socialista.