La ley de cajas de ahorro de 1985 daba amplios poderes a las comunidades autónomas sobre aquellas entidades financieras, hoy prácticamente desaparecidas. Pero los primeros responsables políticos regionales que han comparecido ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso se han sumado este miércoles a la táctica mayoritariamente seguida por otros altos cargos públicos estatales que les han precedido y han negado cualquier responsabilidad en la caída de las cajas de sus territorios: todos se lavan las manos.
Marta Fernández Curras, exconsejera popular de Hacienda de la Xunta de Galicia, y María Luisa Araújo, exconsejera socialista de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, han negado tajantemente haber injerido en la gestión de sus cajas y han defendido que hicieron todo lo posible para garantizar su supervivencia dentro de sus competencias. Caja Castilla-La Mancha fue intervenida en el 2009 y Nova Caixa Galicia en el 2011. Posteriormente fueron vendidas y ya no existen como tales.
Frente a estos relatos, el Banco de España -y prácticamente todos los expertos- ha denunciado que las comunidades autónomas consideraban a las cajas como un "instrumento relevante en su actuación política y económica" y perseguían "ejercer un control" sobre la misma. También ha denunciado que los vetos de los Gobiernos autonómicos a algunas fusiones al comienzo de la crisis para no perder poder obligaron a impulsar uniones que no eran las ideales, con lo que retrasaron y agravaron la solución de los problemas.
DARDOS DE AUTODEFENSA
Fernández Currás, que posteriormente fue secretaria de Estado de Presupuestos, ha defendido que los problemas de Nova Caixa y Caixa Galicia se gestaron en la época del Gobierno del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego. Para solucionarlos, ha asegurado que las cajas decidieron libremente fusionarse, ha negado que la Xunta lo impulsase para evitar uniones con cajas de otras regiones, y ha afirmado que la operación contaba con el aval de "toda la sociedad gallega". Además, ha dejado dos dardos: el Banco de España apoyó la unión, por mucho que después la haya criticado, y las "sorprendentes" decisiones del Gobierno de Zapatero son las que la hicieron inviable.
Por su parte, Araújo ha argumentado que los problemas de CCM vinieron por invertir en el sector inmobiliario y fuera de su territorio tradicional (en Madrid y Levante), una actividad que el Gobierno regional no tenía ningún interés en promocionar, lo que prueba la independencia de la gestión. También ha afirmado que los órganos de gobierno de la entidad eran plurales y tomaban todas sus decisiones por unanimidad, con lo que el Ejecutivo no tenía pistas de que hubiera problemas. Además, ha culpado a ciertos políticos del PP de la región de desestabilizar la entidad cuando era más vulnerable.
