El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, intentó ayer acabar con la imagen de parálisis que se cierne sobre la comisión del Pacto de Toledo, que debe presentar sus recomendaciones sobre la reforma del sistema público de pensiones, y fijó un calendario para que la nueva ley esté aprobada como muy tarde en abril del 2011. Para salvar la promesa del presidente del Gobierno de que la reforma estaría lista a final de año, Gómez instó a los parlamentarios a que terminen sus deliberaciones y entreguen sus conclusiones al Ejecutivo antes de que finalice el 2010.

Las denuncias reiteradas en los últimos días por el PP ante el veto del Ejecutivo a levantar la congelación de las prestaciones para el año que viene y la necesidad de mandar un mensaje claro a las instituciones financieras internacionales, inquietas ante el rescate de Irlanda, de que Zapatero mantiene su compromiso de seguir realizando reformas, son algunas de las razones para que en una hora el ministro de Trabajo despejara dudas.

Así, Gómez explicará probablemente el próximo día 1 de diciembre a la comisión del Pacto de Toledo las ideas del Gobierno al respecto. En esta comparecencia todas las partes pondrán sobre la mesa sus ideas y se sabrá el grado de acuerdo entre las fuerzas políticas. Antes de que acabe el año la comisión deberá presentar sus conclusiones al Ejecutivo. Durante enero y febrero, este se las presentará a los agentes sociales para que en marzo o, como muy tarde, en abril (antes de que empiece la campaña electoral para las municipales), Trabajo tenga redactado el proyecto de ley.

LA JUBILACION Tras reunirse con los portavoces de la comisión, Gómez afirmó que elevar la edad de jubilación a 67 años debe figurar entre las recomendaciones. Otra cosa es lo que después se negocie con los partidos, sindicatos y empresarios para que la reforma tenga apoyo unánime. Se trata de que el mensaje de alargar la vida laboral quede claro en la UE. Para ello se podría acercar la edad real de jubilación (63 años) a la legal (65), e incentivar la continuidad en el trabajo más allá de esa edad.

Por su parte, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, anunció ayer que el Gobierno estudia una medida que ya existe: vincular el salario de los funcionarios con su productividad. En un encuentro informativo se le preguntó por la propuesta del presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, para regular el despido de los funcionarios y que sus retribuciones se liguen a su productividad. Chaves se mostró en contra del despido en el sector público. "La Administración pública no se puede privatizar a través de que la relación funcionarial se convierta en privada", señaló.

CCOO y UGT fueron los primeros en advertir que el Gobierno "vende humo" porque ya existe la evaluación a los funcionarios en el estatuto básico del empleado público, aprobado en el 2007. Fuentes oficiales de la vicepresidencia tercera negaron después que el Gobierno tenga una propuesta concreta que afecte al sueldo de los funcionarios.