Telefónica, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Abertis son grandes compañías españolas puestas en "vigilancia negativa" por parte de las firmas de calificación de riesgos, como Standard & Poors, debido a las enormes operaciones de compra en las que están inmersas.

Una calificación de riesgos consiste en una opinión sobre la capacidad de una empresa de cumplir sus compromisos financieros, es decir de devolver sus créditos. La mayor calificación (AAA, en el caso de Standard & Poors) quiere decir que la empresa o la administración pública en cuestión tiene una capacidad "sustancialmente fuerte" para cumplir sus compromisos.

El Estado tiene la anhelada triple A gracias al saneamiento de las finanzas. Las menores calificaciones (letras C ó D) indican que hay una situación de bancarrota o de incumplimiento total de los compromisos financieros. Cuanto más alta es la calificación, más fácil y más barato es conseguir dinero prestado.

Las grandes operaciones de compra en las que se hallan inmersas algunas de las primeras compañías españolas han activado el nivel de vigilancia. En la mayoría de los casos, las compras se pagarán con más endeudamiento, no con recursos propios, y ello puede rebajar "en uno o dos grados" la calificación de algunas de estas compañías, que en todo caso "seguirá siendo fuerte", explica el director de Standard & Poors para España y Portugal, Juan de la Mota.

NIVEL DE DEUDA Telefónica está embarcada en la mayor compra de la historia empresarial española. La adquisición del operador británico O2, por 25.665 millones de euros (casi 4,3 billones de las antiguas pesetas), es la operación con pago en metálico más importante en Europa y la segunda del mundo. "Con esta operación, Telefónica prácticamente va a doblar su nivel de deuda, al tiempo que mantiene unos planes muy importantes de inversión, de recompra de acciones y de reparto de dividendos", dice De la Mota.

No es extraño, pues, que S&P haya decidido bajar un grado, hasta A- (A negativo) la calificación de su deuda, "y si se completa la operación, quizás baje hasta BBB+ (triple B positivo)", añade. También la agencia internacional de medición de riesgo Moody´s ha rebajado la calificación de Telefónica ante "el creciente riesgo financiero de su oferta de compra en metálico por O2", según el comunicado emitido. Ambas agencias, sin embargo, valoran en positivo la alta liquidez de la compañía, que tiene una calificación alta.

ENERGIA La OPA de Gas Natural sobre Endesa ha hecho que S&P sitúe "en vigilancia negativa" a ambas compañías, además de a Iberdrola (posible compradora de activos si prospera la operación); no así a La Caixa, principal accionista de Gas Natural, sobre cuya calificación A+, "muy fuerte", no se ha activado ninguna cautela. Las firmas energéticas implicadas "podrían perder uno o dos grados si finaliza la operación", algo que, según De la Mota, no sería dramático.

Abertis, en pleno proceso de compra de la sociedad francesa de autopistas Sanef, también está "en vigilancia". Sobre la calificación de otras firmas pesa la incertidumbre de cambios políticos o regulatorios. La petrolera Repsol YPF está condicionada por su futuro en Bolivia tras el cambio político que ha convertido en presidente a Evo Morales.

En España, todo el sector energético está en vigilancia ante la expectativa de cambios regulatorios y la existencia de un importante déficit tarifario pendiente de ser compensado. El sector financiero español, en general, goza de sólidas calificaciones, "en el entorno de las A".

Las grandes agencias de calificación de riesgos evalúan también la calidad de las finanzas públicas. La calificación de las autonomías es variada. En estos momentos, por ejemplo, las agencias ven importante evaluar las incidencias del futuro Estatuto catalán, explica Myriam Fernández, directora del área de sector público de S&P. "Lo que se decida va a asentar las bases del sistema de financiación de las comunidades autónomas", explica. Y añade: "Nos servirá para evaluar la calidad de crédito de las comunidades. A priori, pensamos que la financiación per cápita no se va a reducir, por lo que no vemos incidencia negativa para las autonomías".