El Parlamento griego ha ratificado este martes por una abrumadora mayoría el Presupuesto público para el año 2012, que recorta severamente el gasto público y consolida la política de austeridad exigida por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir ayudando al país a combatir su enorme deuda.
Aunque la mayoría que suman socialistas, conservadores y la ultraderecha que respalda al Gobierno del primer ministro Lukás Papadimos ha permitido sacar adelante el proyecto sin sobresaltos, los partidos de la coalición demostraron durante el debate que las fisuras en la alianza progubernamental son muy profundas.
Un total de 258 de los 299 diputados que han participado en la votación, de los 300 legisladores que componen el Parlamento, han dado el sí a las nuevas cuentas públicas, mientras que 41 diputados del Partido Comunista y la Coalición de la Izquierda Radical junto a los independientes progresistas se han opuesto.
Papadimos advierte que el esfuerzo se prolongará años
"El esfuerzo nacional no acaba en 2012. Durará por muchos años", ha avisado Papadimos en su intervención ante el hemiciclo, pidiendo a los diputados un esfuerzo por mantenerse unidos en torno al Gobierno de coalición.
"No estamos bajo supervisión de la Troika [que componen la UE, el FMI y el Banco Central Europeo], sino bajo supervisión de la Historia", ha dicho el primer ministro en el debate.
Baja el presupuesto de Educación y sube el de armamento
El objetivo principal de los Presupuestos de 2012 es lograr un superávit primario del 1,1% que, tras el pago de deuda e intereses, llevará a un déficit del 5,5% del PIB, frente al 9% que se espera para 2011.
Para ello, el gasto público se recortará en 5.000 millones de euros al reducir los salarios públicos, las pensiones y el presupuesto de Educación, que será un 60% más bajo, entre otras partidas que serán disminuidas. En cambio, crecen las partidas para armamento militar y para Interior.
Los ingresos del Estado se verán aumentados el 7,1% por ciento a través de la aplicación de nuevos impuestos indirectos y una mayor tasación directa, que se centrará en los particulares, mientras que la presión fiscal a las empresas disminuirá.
