El Grupo Santander, ante la apertura de juicio oral contra su presidente, Emilio Botín, y otros directivos, emitió ayer un comunicado de 15 líneas en donde reitera "la absoluta legalidad de todas sus actuaciones en los hechos investigados" y manifiesta "su total disconformidad con dicha decisión judicial". Según el banco, el auto ha sido dictado a petición "únicamente de una acusación popular, carente de legitimación y a pesar de la petición de sobreseimiento y archivo reiteradamente realizada tanto por el abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal Tributaria, como por el Ministerio Fiscal". El comunicado de prensa divulgado ayer por la dirección del banco que preside Botín insiste en que ambas instancias han pedido también "el sobreseimiento de las piezas de clientes respecto de las que se predica una supuesta participación".
El Santander "recuerda" que la Audiencia Nacional admitió, en el auto de junio del 2003, "que la comercialización de este producto se desarrolló dentro de la más estricta legalidad, por lo que ningún reproche le es imputable por este concepto".
