El sector de las energías renovables percibió del año 1998 al 2013 un total de 56.000 millones en primas a la producción de energía renovable, a un ritmo de 3.700 millones al año, que entre los años 2005 y 2013 se elevó a más de 9.000 millones anuales.

Con este contexto, a finales del 2010, el Ejecutivo de Zapatero puso en marcha algunos recortes ante el aluvión renovable que causaron estas subvenciones, pero fue en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió eliminar las famosas primas y cambiarlas por una remuneración «razonable» a la inversión (el sistema actual). Esto supuso un recorte cercano a los 1.700 millones de euros al año en la remuneración que recibían estas instalaciones.

Un «hachazo» que provocó un aluvión de demandas ante instancias internacionales de fondos extranjeros que habían invertido en España atraídos por las ayudas que el Ejecutivo español les había garantizado, como la entidad financiera alemana Portigon AG, y que todavía hoy siguen produciéndose.