La Agencia Tributaria ha enviado esta semana a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 198 personas que son titulares o beneficiarias de 80 depósitos bancarios opacos en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Estas 198 personas son presuntos autores de sendos delitos fiscales. Según el comunicado emitido ayer por la Agencia Tributaria, los depósitos descubiertos "corresponden a grupos familiares", con varios titulares y beneficiarios.

En este grupo de casi 200 personas no están incluidas las que, voluntariamente, se han puesto al día con el fisco desde que, hace dos meses, estalló el escándalo en Alemania, hasta esta semana, cuando Hacienda ha dejado el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los arrepentidos, quizás estén "quienes han defraudado pequeñas cantidades. También quienes temen por su reputación, como artistas o deportistas", opinan inspectores de Hacienda.

Con esta denuncia ante la Fiscalía, la Agencia Tributaria "culmina" --según el comunicado-- el análisis de la información recibida del servicio secreto alemán sobre una trama internacional de defraudación montada a partir del banco de Liechtenstein. Según fuentes conocedoras del caso, la información corresponde al 2002, ejercicio fiscal que prescribe en junio del 2008. De ahí la prisa de la Agencia Tributaria por tramitar las denuncias.

SIN CIFRAS La Agencia Tributaria no ha dado ninguna cifra orientativa sobre el montante del fraude descubierto (ni sobre el regularizado de forma voluntaria). Pero se pueden hacer algunas cuentas. Para ser calificado como delito fiscal, el fraude (las cantidades no ingresadas en el fisco) debe superar la cuantía de 120.000 euros por persona y ejercicio fiscal. Eso lleva a pensar que, como mínimo, el fraude estimado por Hacienda debe ser de 24 millones de euros (cuota fiscal defraudada) y que las cantidades ocultadas, como mínimo, serán de 53 millones de euros. Pero es muy probable que esta cantidad se quede muy corta.

Además, el fraude cometido a través del minúsculo principado centroeuropeo debe ser una gota de agua comparado con el que se articula a través de otros territorios, según los inspectores de Hacienda. "Liechtenstein nunca ha sido famoso entre los españoles como paraíso fiscal. Lo que pueda haber allí no es nada comparado con lo que puede ocultarse en Andorra, Gibraltar o Suiza", valora José María Peláez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.

Para esta asociación, España debería liderar junto con Alemania una acción para acabar con el consentimiento que existe en Europa hacia los paraísos fiscales, donde se ocultan capitales y se blanquea dinero procedente de la delincuencia. "Mientras tanto, bastaría con que España no reconociera la personalidad jurídica de las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales", propone Peláez. "Eso, por ejemplo, acabaría de un plumazo con las más de 30.000 sociedades de Gibraltar que son titulares de inmuebles en la Costa del Sol".

Para los inspectores, el caso es "una anécdota que debería servir de revulsivo para acabar de una vez con la utilización de paraísos fiscales".

LARGO E INCIERTO PROCESO Además, según los inspectores, el Código Penal debería incluir una figura agravada para los delitos cometidos desde paraísos fiscales. "Para estas 198 personas se abre ahora un proceso penal largo, que puede durar 10 o 12 años, tras el que nadie va a ir a prisión", augura Peláez. La pena de 2 años asignada al delito fiscal hace que prácticamente nadie, salvo los que tengan antecedentes, ingrese en prisión.

En este caso, además, se unen las dudas legales sobre el origen de la prueba. Toda la investigación internacional --también en España-- nace de unos datos robados por un exempleado del banco LGT y, según fuentes conocedoras del caso, el origen delictivo de la prueba puede viciar todo el proceso penal, hasta el punto de provocar su nulidad. De hecho, algunos grandes despachos de abogados aconsejan a sus clientes litigar, en el convencimiento de que el proceso nace con importantes lagunas.