Hacienda quiere que regresen a España las filiales que empresas, bancos y cajas de ahorros tienen en el paraíso fiscal de Caimán. Para ello, está dispuesta a perdonar hasta 200 millones de euros (más de 33.000 millones de pesetas) a las firmas que trasladen a España las filiales constituidas en paraísos fiscales --sobre todo, en las Islas Caimán-- para captar capitales a través de la emisión de participaciones preferentes.

Tras la amnistía fiscal aprobada el pasado mes de julio para las participaciones preferentes emitidas desde paraísos fiscales, Hacienda ahora les perdonaría el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD) a cambio de que las filiales se trasladen a España. Los beneficiarios son los principales bancos, cajas y empresas españolas.

El PP del Senado ha introducido una enmienda al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos que establece que estarán exentos del ITP-AJD "los traslados a España de la sede de la dirección efectiva o del domicilio social de sociedades cuya actividad y objeto social exclusivo consistan en la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros".

ANTECEDENTES Las participaciones preferentes son una especie de acciones sin voto con derecho a un interés fijado de antemano, por lo general, elevado. Hasta julio, estos títulos sólo se podían emitir desde paraísos fiscales y ello con la plena aquiescencia de la CNMV, el Banco de España y Hacienda.

A principios de los 80, la emisión de participaciones preferentes fue clave para captar recursos y superar la crisis bancaria. El 6 de julio entró en vigor la reforma de la ley de movimientos de capitales y, con ella, el nuevo régimen fiscal sobre participaciones preferentes emitidas en España o la UE, así como una amnistía fiscal para los títulos colocados hasta entonces.

Este cambio paralizó la vasta investigación abierta por Hacienda, que había cambiado de criterio. Las actas amenazaban a no menos de 17 cajas, cinco bancos (BBVA, SCH, Bankinter, Popular y Sabadell) y tres empresas (Telefónica, Repsol y Sol Meliá).

A iniciativa del PSOE, el Congreso aprobó la amnistía para los títulos emitidos por bancos y cajas por considerar que, de otro modo, caerían en picado los índices de solvencia del sistema financiero. Después, en el Senado, PP y CiU extendieron el perdón al resto de sociedades con el rechazo del PSOE, que denunció "intereses particulares" a favor de Telefónica, Repsol y Endesa.

HABRA TRASLADOS Las empresas afectadas habían solicitado a Hacienda este cambio legal. Fuentes de las entidades han explicado que "lo normal es que se trasladen a España las filiales, aunque sólo sea por imagen". "Hacienda renunciará a unos ingresos pero, a cambio, tendrá más control", explica la diputada socialista Maite Costa.