El Gobierno pretende que el Congreso de los Diputados pueda empezar a tramitar cuanto antes las tres leyes fiscales que se quedaron varadas con la disolución de las Cortes en marzo del 2019. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es remitir al Parlamento este mismo mes de febrero el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google), así como el relativo al impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin) y el de medidas contra el fraude fiscal.
Sorprende, en particular, el impulso que el Gobierno español ha decidido imprimir a la tasa Google solo un mes después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se viera forzado a suspender la aplicación de su tributo ante la amenaza de una guerra aranceleria por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Macron acordó con Trump una tregua en espera de que la organización de países desarrollados (OCDE) logre un acuerdo para una nueva nueva fiscalidad digital en el conjunto de los países. La OCDE trabaja para poder presentar un acuerdo en la cumbre del G-20 en Ryad (Arabia Saudí) en noviembre, pero el pacto aún está muy lejos pues EEUU quiere que la nueva tributación sea voluntaria para las multinacionales. Si no se logra tal acuerdo, Francia se reserva recuperar la vigencia de su impuesto con efectos desde enero del 2020.
CASO OMISO / España ha optado por hacer caso omiso a las amenazas de Trump. En repetidas ocasiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha juzgado «inadmisible» que las amenazas de Trump puedan interferir en la «soberanía fiscal» de un país, como España. En su exposición de motivos, el proyecto de ley español reconoce que «la mejor estrategia» para abordar la nueva tributación de los negocios digitales consistiría en encontrar una solución «a nivel mundial, en el seno de la OCDE». En tanto se logra, España opta por legislar.
También lo ha hecho Reino Unido, cuyo ministro de Economía, Sajid Javid, reafirmó en Davos (Suiza) el propósito del Gobierno británico de aplicar su propia tasa Google a partir de abril, delante del secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, que amenazó con un gravamen del 25% a los coches de países europeos que apliquen un impuesto digital al margen de los trabajos de la OCDE.
La ley británica es hermana gemela de la francesa y del proyecto español. Los tres textos nacen del proyecto de Directiva que adoptó la Comisión Europea en marzo del 2018. España prevé un impuesto indirecto del 3% sobre determinados servicios digitales, lo mismo que Francia. El Reino Unido fija el 2%.
La OCDE, sin embargo, no trabaja en un impuesto indirecto sobre servicios financieros. Busca una fórmula para que las multinacionales (no solo las tecnológicas) tributen por una parte de su beneficio (impuesto de Sociedades) en los países donde hacen negocio digital (también, ventas) aunque no tengan sede.
En un estudio difundido el jueves, la OCDE estima que con esta fórmula podría aumentar en un 4% la recaudación mundial por el impuesto de Sociedades e ingresar unos 100.000 millones de dólares adicionales (algo más de 92.600 millones de euros) provenientes de 27.000 multinacionales. A modo de referencia, el 4% de la recaudación española por Sociedades representa algo más de 1.100 millones.
Montero anunció el martes que el objetivo es empezar a tramitar los tres proyectos fiscales antes, incluso, de la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, así, antes podrá empezar a recaudar por ellos la Agencia Tributaria. Son tres proyectos de ley con los que el Gobierno obtendría una recaudación de 2.550 millones en un ejercicio completo.
