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RECURSOS PÚBLICOS

Hacienda reduce la financiación autonómica este año un mínimo de 2.000 millones

El PSOE pide la comparecencia de Montoro para que explique la medida

 

El ministro de Hacienda y Función Pública Cristobal Montoro. - / FERNANDO ALVARADO (EFE)

EL PERIÓDICO
04/01/2018

Lejos de amainar, la tormenta autonómica aumenta por el recorte en la financiación para el 2018. Las comunidades, especialmente las socialistas y Cataluña,  se han revuelto ante esta decisión que supone un recorte de un mínimo de 2.000 millones con respecto a las cantidades que se les anunciaron en julio. La rebaja global es aún mayor ya que ni Andalucía ni varias comunidades del PP han facilitado las cifras del descenso, como tampoco lo ha hecho el Ministerio de Hacienda.

En este contexto, la diputada alicantina y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, Patricia Blanquer, ha registrado una solicitud para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclare por qué el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha incumplido el compromiso alcanzado en la Conferencia de Presidentes para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas antes de finales del 2017 y para que aclare el "recorte de 353 millones en la financiación para la Comunidad Valenciana".

Desde la cúpula del PSOE se considera que la medida es "un chantaje" de Montoro a las comunidades y los ciudadanos. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ha tardado en responder y tachar de "histriónico" al PSOE. 

El motivo de la revuelta de los territorios es la carta en la que el Estado ha comunicado un ajuste a la baja en los anticipos a cuenta del modelo de financiación, caducado desde el 2014, con respecto a lo que se les anunció en julio. Las autonomías, entre ellas también la Generalitat, que es la más afectada, consideran que el argumento de Hacienda, la prórroga de las cuentas del Estado, es "un sinsentido".

No solo es que en el caso de la Generalitat se recorten 780 millones con respecto a los 17.618 millones que se les anunció en julio, hasta los 16.838 millones, sino que esta cantidad es 125 millones inferior a la del 2017, cuando la situación es de crecimiento y, por tanto, de una mayor recaudación.

Peligro para las cuentas
Las comunidades socialistas entienden que la decisión de Montoro pone en peligro sus presupuestos para el 2018, elaborados con previsiones de ingresos más optimistas. No así las autonomías en las que domina el PP, que han optado por la prudencia y consideran que la reducción de los anticipos que recibirán es un tema "coyuntural" o "temporal".

El sistema se basa en que el Estado transfiere adelantos a cuenta de los ingresos tributarios previstos que estima y posteriormente se hace una liquidación, que es definitiva dos años después. Puede ser al alza o ala baja. El año pasado, la Generalitat ingresó 1.879 millones correspondientes a la liquidación definitiva del 2015 y para el 2018 prevé 1.618 millones del 2016.

La Comunidad Valenciana, la segunda más afectada tras Cataluña de las que han facilitado datos, ha sido de las que más han alzado la voz. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha calculado que la congelación de las entregas a cuenta supondrá que la región -que ya ha aprobado su presupuesto para el 2018 en base a las estimaciones de julio- una merma de 200 millones de euros. 

Por su parte, el Govern Balear también ha emitido un comunicado para criticar y rechazar el recorte de 67,3 millones que aplicará el Gobierno a la financiación de las islas. A la Junta de Extremadura, la medida le parece "poco correcta" y le restará 137,4 millones a la cantidad que había previsto.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha arremetido contra "el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos". No obstante, han recordado que el presupuesto de la Junta rige desde el 1 de enero.

Mientras comunidades gobernadas por el PP -como Castilla y León, Murcia o Madrid- ven en la reducción una medida temporal. El gobierno de Murcia ha cifrado en 127 millones una reducción que esperan sea "coyuntural". Otras comunidades como Canarias, presidida por Fernando Clavijo (CC), ha cifrado en 186 millones menos la decisión de congelar las entregas a cuenta. Cantabria, por su parte, cifra el recorte en unos 80 millones.