Alos hipermercados y supermercados no les gusta el texto actual de reforma de la ley contra los impagos en el comercio. Hasta ahora, la gran distribución podía demorar el pago a los proveedores previo pacto con estos, pero la nueva norma obligará a las cadenas a pagar en, como mucho, 30 días los productos perecederos y 60 días el resto de alimentación y consumo. Las patronales de súpers e hípers pidieron que se mantenga la actual cláusula de negociación, ya que "cumplen escrupulosamente con sus obligaciones de pago", mientras que los productores y proveedores denuncian que, por culpa de la negociación, cobran entre 90 y 120 días.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged); la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas); y la Asociación de Cadenas de Supermercados (Aces); lanzaron una nota conjunta para pedir que se elimine "cualquier discriminación hacia la distribución alimentaria, a la que se exigen plazos que no rigen para ningún otro sector económico". Las patronales, que representan a firmas como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Lidl y Mercadona, aseguran que "cumplen con los plazos de pago, por lo que no se puede hablar de morosidad" para cambiar el texto.
POR CONTRATO "Cumplir cumplen, claro, porque el gran problema es que la ley actual les permite hacernos firmar un contrato, por ejemplo, para cobrar a 140 días", explica el responsable de Economía Agraria de Unió de Pagesos. "La propuesta ya no es buena, pero solo nos faltaría dejar la ley como está", critica. "Los plazos de pago en la gran distribución, según datos del Banco de España, demuestran que hipermercados y supermercados juegan con una demora que ronda los 80-90 días en plazos de cobro, cuando en nuestros países vecinos se mueven en 57 días", aseguran fuentes de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
La gran distribución, sin embargo, difiere de las cifras que da la FIAB, y asegura que "el tiempo medio de cobro de la industria alimentaria fue de 47 días en el 2008". Las patronales, además, piden que, en caso de suprimirse la posibilidad de negociación, queden sujetos "a los mismos plazos que el resto de los sectores económicos 60 días".
HASTA 120 DIAS Pero las diferencias sobre la nueva norma no terminan aquí. Fuentes de la industria agroalimentaria consideran, además, que la ley que está en tramitación es "muy negativa" y que provocará que los aplazamientos de pago en el sector puedan aumentar hasta 120 días, en lugar de disminuir. El problema, según las mismas fuentes, es que el límite dispuesto en la norma (30 o 60 días) empezará a contar desde la fecha de recepción de la factura y no desde que se reciban las mercancías, lo que podría hasta duplicar el plazo de cobro.
Según Unió de Pagesos, la media de plazo de pago de "las grandes empresas de la distribución" está en "unos 120 días". "Es injusto, porque el cliente va al súper y paga su producto allí, pero ellos no hacen lo mismo con nosotros. Los proveedores estamos haciendo de banca a la gran distribución", cuentan.
