Las juntas de accionistas en España suelen ser una balsa de aceite. Pero ayer la de Iberdrola fue una excepción: una gran mayoría de propietarios expulsó del cargo a un consejero que acababa de acceder al puesto en representación del primer accionista de la compañía, ACS. Y redujo el número de vocales de 15 a 14 para que no tenga cabida.
La guerra desde hace dos años entre el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y su homólogo en la constructora, Florentino Pérez, llega así su apogeo. ACS logró durante hora y media que José María Loyzaga fuese administrador por el mecanismo de representación proporcional (tiene el 12% del capital y necesitaba el 6,67%). Esta fórmula le eximió de someter el nombramiento a votación de la junta.
Pero Galán se presentó en la asamblea con los apoyos suficientes para tumbar a ACS.
La batalla ganada por la dirección de Iberdrola no implica, eso sí, que la guerra haya acabado. Tras la junta, el secretario general y consejero de ACS, José Luis del Valle, anunció que el grupo tiene la intención de impugnar por la vía mercantil y "en el tiempo mínimo posible" el cese de su consejero. Pero además sopesa una demanda de responsabilidad social, o incluso acudir a la vía penal.
El principal argumento de Iberdrola para enrocarse contra su primer accionista lo constituyen informes que sustentan su acusación de que la constructora es su competidor en campos como las energías renovables, la ingeniería o el coche eléctrico.
ACS había argumentado ya que consejeros de Iberdrola lo son también de otras firmas energéticas y de ingeniería sin que ello hubiera supuesto ningún problema. Para desbaratar esta defensa, José Luis Arregui, vicepresidente y primer accionista individual de Iberdrola (1,053%), y presidente de Ence (papelera que genera energía con biomasa), dimitió ayer de su puesto.
