¿Era incoherente que una institución religiosa gobernase una entidad de crédito como Cajasur, por más que esta sea una caja de ahorros, con el componente social que ello supone? Ese interrogante, y las peculiaridades de un modelo que resultó polémico en los últimos años, llevaron al sector financiero a aceptar ayer con perplejidad la decisión de sus dirigentes de preferir la intervención del Banco de España que la fusión con Unicaja.

Perplejidad, porque ningún administrador del resto de entidades hubiera obrado de igual manera. "La Iglesia ha estado dispuesta a perderlo todo con tal de salvar los puestos de trabajo. Podrá decir, hoy y en el futuro, que ha luchado de verdad por los puestos de trabajo, y no le ha movido ninguna otra ganancia, ni siquiera sus propios intereses", justificó ayer el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.

El argumento está más cerca de una loa del martirio que de una tesis de lógica económica. Sobre todo porque soslaya que el Banco de España y los futuros compradores de la entidad podrán hacer todos los ajustes de empleo que consideren necesarios. "Es la peor situación que se podía producir para Cajasur, Córdoba y los trabajadores. El acuerdo laboral estaba prácticamente hecho; los bilaterales, pactados; y Unicaja había aprobado la fusión", lamentó Juan Ojeda, hasta ayer vicepresidente tercero en representación de la Junta de Andalucía.

El Cabildo Catedral de Córdoba, entidad fundadora que controlaba los órganos de gobiernos de la caja, y el Ejecutivo regional tienen un largo historial de desencuentros, sobre todo durante los 28 años de presidencia del cura Miguel Castillejo, antecesor de Santiago Gómez. La mala situación de la caja le obligó a negociar su fusión con Unicaja, entidad que sí está en la órbita de la Junta.

Ingenuidad

Pero la animadversión ha podido más que el interés de Cajasur. En Andalucía, se especulaba ayer con que la Iglesia intentaría una integración con Caja Murcia, negociada hace meses, pero vetada por la Junta. "No son conscientes de lo que significa la intervención", respondía el Banco de España.

La "irresponsable" decisión de los gestores eclesiásticos de Cajasur levantó una ola de indignación entre los partidos, poderes económicos y sindicatos andaluces. De casi todos, porque el presidente del PP de la región, Javier Arenas, prefirió cargar contra el Gobierno. "No contento con desmantelar nuestra industria y nuestro mercado laboral y derribar el Estado del Bienestar, ahora también está cargándose el sistema financiero".