El obispo de Córdoba, Javier Martínez, hizo pública ayer una nota en la que desmarcaba a la Iglesia de cualquier relación con la decisión de otorgar un seguro de por vida al presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, y a sus familiares, y reclamaba un cambio de estatutos de la entidad de ahorro para que quede mucho más clara y justificada que ahora la presencia y la articulación de derechos y deberes "de la Iglesia en y para con la Caja", y a la inversa.
El obispo reclama el derecho a la presunción de inocencia para todos los españoles, pero acto seguido se desvincula de las decisiones que se hayan podido tomar en la cúpula de Cajasur a favor de alguno de sus miembros. "En el caso de conductas inmorales o ilegales por parte de directivos, ejecutivos, o miembros de los órganos de gobierno de Cajasur, es en primer lugar a los propios órganos de gobierno de la empresa a los que corresponde denunciarlos formalmente, y los que tienen la responsabilidad de actuar, como corresponde según derecho". También recuerda que estos órganos son "soberanos" y que, además de sacerdotes, hay en ellos representantes de partidos y de otras instituciones civiles.
La nota reafirma la voluntad de transparencia y recuerda que, en cuanto a los bienes de los sacerdotes, "patrimoniales y legítimamente obtenidos, la Iglesia siempre ha exhortado a los sacerdotes a la austeridad".
TOTAL TRANSPARENCIA
Para el obispo, la reforma de los estatutos de Cajasur, debería asegurar "los derechos que la Iglesia tiene en el gobierno de la Caja". Para ello, pide diálogo entre todas las instituciones representadas en los órganos de la caja. La reforma debería dar una "total transparencia a la justificación de la presencia de la Iglesia en la Caja", y asegurar que "aquellos fondos que legítimamente correspondan a la Iglesia se dediquen sólo a fines propios de la Iglesia" y controlados por ésta.
El presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, se convirtió en el centro de un escándalo político en Andalucía a finales de octubre cuando se supo que la entidad de ahorro había suscrito una póliza de seguro de vida, que le garantiza un complemento de su pensión cuando deje la entidad. Las condiciones de este contrato fijan para Castillejo una pensión vitalicia de 210.000 euros --34,9 millones de pesetas-- más 3.005 euros (499.990 pesetas).
