Dos años de ley y pocos cambios. La norma contra la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas que entró en vigor en el 2004 apenas se ha notado y siguen primando los pactos entre el cliente y el proveedor, según varias asociaciones industriales y expertos. El texto legal establece un plazo general de pago de 30 días si no hay pacto entre comprador y vendedor y la exigibilidad de intereses de demora una vez transcurrido ese periodo.

La realidad después de dos años es distinta. El periodo medio de cobro se sitúa en torno a los 80 días, pero "la situación de los retrasos en los pagos es todavía más grave cuando los deudores son organismos públicos, que actúan con plena discrecionalidad a la hora de pagar a sus suministradores", denuncia Pere J. Brachfield, profesor de la Escuela de Administración de Empresas y uno de los principales expertos en el estudio de la morosidad. En un reciente informe afirma que menos del 5% de las empresas usan los instrumentos jurídicos de la ley.

Las relaciones comerciales entre clientes y proveedores siguen basándose en la capacidad y la fuerza de negociación de las partes. Brachfield destaca el comercio como ejemplo, donde los tres mayores grupos de distribución copan más del 40% de la facturación del sector. "¿Quién va a atreverse a denunciar a una empresa a la que vendes un tercio de tu producción?", ejemplifica el secretario general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Jorge Jordana.

PROTECCION DE LAS PYMES Un portavoz de la patronal de las grandes empresas de distribución, ANGED, asegura que "la ley contra la morosidad debía proteger a las pymes y a quien ha favorecido es a los grandes fabricantes". La distribución, a su vez, acusa a la industria de incumplir los plazos de pago. Y los productores se defienden ya que "el proceso de fabricación es mucho mayor que el de la distribución".

No solo se quejan los fabricantes del sector de la alimentación, también los del textil. "En nuestro caso es peor, ya que a diferencia de la alimentación, muchos de nuestros productos no tienen marca y la distribución impone condiciones draconianas, pero presentarles batalla sería suicida", dice un empresario.

INSPECCION Jordana, de la FIAB, añade que "la única manera de comprobar si una ley se cumple o no es mediante la inspección y desde que se aprobó la ley, solo ha habido inspecciones en dos comunidades". "La ley indicaba que el Gobierno tenía dos años para informar de la aplicación de la norma, pero el plazo se acabó el 31 de diciembre y el Ejecutivo no ha cumplido con el mandato parlamentario", dice.

Los fabricantes sospechan que si el Gobierno no ha informado al Parlamento es porque las primeras en incumplir la normativa son las administraciones, que pagan a sus proveedores con plazos superiores al año en ramos como la sanidad.