El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio remitió hoy a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de Orden en la que plantea congelar las tarifas eléctricas, tanto las domésticas como las industriales, en el último trimestre del año, informó hoy ese departamento ministerial. Las tarifas domésticas se mantuvieron sin cambios en la revisión del pasado 1 de julio, aunque el resto experimentó un incremento medio del 1,7 por ciento. En la anterior revisión, Industria había propuesto una subida media del 1,81 por ciento para los consumidores domésticos, pero el Consejo de Ministros decidió finalmente no aplicarla.

La propuesta de Orden enviada hoy a la CNE, que debe entrar en vigor el 1 de octubre, incluye una memoria económica y apuesta por la desaparición progresiva del déficit tarifario de forma que afecte lo menos posible a los consumidores. Industria pide a la CNE que eleve al Ministerio una previsión del déficit tarifario para todo el ejercicio 2007 ante la posibilidad de que sea superior a la cifra prevista hasta ahora, que asciende a 1.500 millones de euros.

Según Industria, esta estrategia es coherente con los crecientes recursos destinados a financiar medidas de ahorro energético y con la política de instalar contadores electrónicos, que discriminan la electricidad consumida por periodos. La propuesta incluye también una modificación de los periodos horarios para adecuarlos a los cambios experimentados en la demanda durante los últimos años.

Entre los cambios más importantes destaca que la segunda quincena del mes de junio y el mes de julio pasan a considerarse periodos de temporada alta (antes eran periodos de temporada baja y media respectivamente), mientras que noviembre pasa a ser periodo de temporada media (antes temporada alta). El texto modifica el sistema de pagos por garantía de potencia para resolver las deficiencias actuales y evitar problemas de suministro a medio y largo plazo.

Industria pretende ligar la evolución de los incentivos a la inversión (disponibilidad a largo plazo) con un índice de cobertura que aproxime la necesidad de potencia en cada horizonte temporal. Se pretende también que en la definición de la disponibilidad a medio plazo se discriminen temporalmente los periodos en los que será exigible.

Según Industria, las modificaciones propuestas imponen condiciones más exigentes a las empresas y permiten una optimización de los recursos financieros dedicados a este fin. La memoria económica contempla una reducción de los cobros por parte de las compañías eléctricas desde los 1.200 millones de euros de 2006 a unos 300 millones para el servicio de capacidad a largo plazo.