El Inem desconoce si los servicios públicos de empleo están poniendo en práctica la mayoría de las medidas del decretazo de reforma del paro y admite su incapacidad para llevar a cabo algunas de las tareas que la nueva ley le ha encomendado. Así se desprende de la respuesta de la dirección general de este organismo a los sindicatos durante una reunión celebrada la semana pasada.
El sindicato UGT reclamó al Inem información sobre los efectos de las nuevas normas establecidas por el decreto de reforma del desempleo durante los seis meses que ha estado en vigor, desde el 24 de mayo hasta que fue modificado en el Parlamento. La respuesta sobre la mayoría de las medidas "es el desconocimiento más absoluto --afirman dirigentes de la central--, principalmente por la falta de interconexión entre las distintas comunidades autónomas".
DATOS DEL 2001
En primer lugar, las centrales sindicales tratan de conocer cuántos trabajadores han rechazado ofertas de empleo y, por tanto, han perdido su prestación. El Inem ha respondido que su única información proviene de los volantes que cumplimentan los empresarios demandantes de trabajadores y que sólo dispone de datos concretos del 2001. Y estima que estas cantidades y porcentajes se han mantenido iguales durante la primera mitad del 2002.
El año pasado hubo 396.800 casos en los que la casación entre oferta y demanda de empleo no pudo realizarse. De esta cifra, el 8% (33.655 ofertas) corresponden a trabajadores que no se presentaron a las entrevistas, rechazaron el puesto, dijeron que no les interesaba o no aceptaron las condiciones. No obstante, el Inem sólo detectó 512 situaciones merecedoras de sanción. En el 14% de los casos, las características del trabajador no se ajustaban al empleo, les faltaba formación, o experiencia, o capacidad física.
También hubo empresarios que explicaron que el empleado no había podido adaptarse a la empresa. El 53% de las ofertas no se cubrieron, sin que conste el motivo, y en el 24% restante, el puesto ya estaba ocupado. "Esto demuestra la ineficacia del Inem, que ni siquiera sabe dónde manda a los trabajadores", asegura un representante de UGT.
El organismo reconoce la escasa información que dispone de las ofertas y demandas de trabajo existentes en el país, indispensable para llevar a cabo la intermediación. Según el Gobierno, el objetivo último de la reforma del desempleo era facilitar un trabajo a los parados.
COMPROMISO
Por ejemplo, la nueva obligación de que el desempleado firme un compromiso de actividad sólo se aplica a quienes solicitan una prestación o un subsidio y no a los nuevos demandantes de empleo. Las oficinas del Inem admiten su incapacidad para poner en marcha los llamados itinerarios de empleabilidad, es decir, los procedimientos para poner a disposición del parado un trabajo adecuado, aseguró el sindicato. Una de las causas esgrimidas es la falta de personal en el Inem.
El servicio público de empleo tampoco puede controlar las vacaciones no disfrutadas por el trabajador que, según el decreto, han de descontarse de la prestación, porque esta información no está disponible en los ordenadores. Asimismo es imposible detectar fraudes de las empresas por reiteración de contratos temporales. Los medios informáticos tampoco permiten conocer cuántos trabajadores están compatibilizando el subsidio de desempleo con el de incapacidad temporal.
