El elevadísimo déficit de las cuentas públicas provocado por la recesión y las medidas anticrisis (11,4% del PIB) ha llevado a la Agencia Tributaria a fijar un objetivo para la lucha contra el fraude de este año "desmedido y fuera de la realidad". Eso es, al menos, lo que denuncian los inspectores de Hacienda, que se sienten sometidos a una presión "ya no excesiva, sino irracional".

Hacienda fija desde hace años un objetivo de actuaciones de inspección que se adjudica a las delegaciones territoriales y luego se distribuye entre los inspectores. De su cumplimiento depende la retribución variable de estos funcionarios, que supone el 20% de sus emolumentos.

Según la organización profesional que los agrupa, para este año se ha marcado un objetivo el 14% superior al del pasado ejercicio para mantener la alta cifra de recaudación del 2009 que, según sus cálculos, superó los 4.000 millones de euros.

Fuentes de la Agencia Tributaria puntualizaron que el objetivo de actuaciones es el 1,5% menor a las realizadas durante el pasado ejercicio y que no se ha marcado ninguna cifra de recaudación. El incremento, argumentaron, no es "en absoluto" mucho mayor al de pasados ejercicios. El malestar de los inspectores, a su juicio, se debe a que por primera vez, si no cumplen unos requisitos de calidad, van a verse penalizados en su retribución variable, y pueden perderla.

El colectivo, en cambio, entiende que los nuevos requisitos y objetivos les conducen a una forma "precipitada y sin profundidad" de trabajar. "Si cito a diez contribuyentes, tengo que sacar deuda a nueve para cumplir los objetivos", alegó Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores.

Los inspectores, aseguró, no van a actuar contra quien ha cumplido, pero hay "temas grises" en los que se podrían tomar "decisiones más agresivas", lo que podría incrementar la inseguridad jurídica de los contribuyentes. También apuntó que seguramente la justicia echará para atrás más actuaciones.

Los nuevos requisitos y pasos impuestos en las actuaciones, argumentaron los inspectores, limitan su iniciativa y les quitan tiempo para la investigación. También denunciaron que las aplicaciones informáticas no funcionan de forma adecuada.

PRECIPITACION La Agencia Tributaria argumentó que el objetivo de estas medidas es ahorrar tiempo y aumentar la presión sobre los defraudadores. Muchos de los nuevos pasos en la inspección, explican fuentes internas, buscan asegurar que los defraudadores no puedan recurrir por fallos en el procedimiento.

Los inspectores también ven precipitado el nuevo plan antifraude. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda se reunió hace unos días con la dirección de la Agencia Tributaria y, según sus "noticias", el nuevo plan "comenzó a prepararse anteayer". De la Torre adelantó que los representantes del Gobierno trasladaron su intención de reformar algunos artículos del Código Penal y de compartir datos con la Seguridad Social. El plan va con retraso: José Luis Rodríguez Zapatero, que lo anunció en diciembre, lo aplazó ayer al 5 de marzo.