La Oficina de Prevención de Blanqueos-Órgano Central de Prevención (OCP) ha investigado desde su creación, en enero de 2006, y hasta septiembre de 2012 2.543 operaciones notariales sospechosas de lavado de dinero en España, un 85 % de las cuales se elevaron a la fiscalía por indicios de delito.
El presidente de la Sala Segunda Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, ha hecho públicas hoy estas cifras para tratar de demostrar que "el sistema de prevención de blanqueo de dinero que tenemos funciona bien y es eficaz", pese a la presencia de grupos internacionales de tráfico de drogas y otras actividades criminales.
Saavedra ha pronunciado hoy una conferencia sobre "blanqueo de dinero desde la perspectiva notarial", en el que ha resaltado el papel de los notarios en la prevención de este delito y ha explicado la ley 10/2010 que ha traspuesto a la legislación española las directivas europeas de prevención de lavado de dinero.
Tras recordar que los notarios tienen la obligación de comunicar todas las transacciones sospechosas y vigilar especialmente a sus clientes no habituales o que hagan operaciones inmobiliarias o dinerarias importantes, Saavedra ha asegurado: "hemos establecido un sistema muy riguroso de prevención del blanqueo, que se sustenta en los notarios y en los operadores financieros"
