El Gobierno italiano decidió hoy retirar de su último plan de ajuste presupuestario para el próximo bienio el llamado "impuesto de solidaridad", que preveía gravar con un 5 % adicional las rentas anuales que superaran los 90.000 euros y con un 10 % las que sobrepasaran los 150.000 euros.
La decisión fue adoptada en la reunión que mantuvieron el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y su aliado en el Gobierno, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, pocas horas antes de que se cerrara el plazo para la presentación de enmiendas al texto, aprobado en Consejo de Ministros el 12 de agosto.
En un comunicado emitido tras la reunión se informa de que el "impuesto de solidaridad" será sustituido por "nuevas medidas fiscales que tendrán como objetivo eliminar los abusos en los registros de propiedad y en la inscripción del patrimonio a nombre de terceros para eludir el pago de impuestos, así como la reducción de ventajas fiscales a las sociedades cooperativas".
La abolición de esta "contribución solidaria", que sí se mantendría para los parlamentarios, fue una de las medidas defendidas por Berlusconi, que en los últimos días se mostró contrario al gravamen.
Asimismo, durante el encuentro se acordó reducir el impacto del plan de ajuste previsto inicialmente para ayuntamientos, provincias y regiones y que en el texto aprobado por el Consejo de Ministros se cifraba en cerca de 9.500 millones de euros entre 2012 y 2013.
Se prevé, además, la concesión a los entes territoriales de mayores poderes y responsabilidad a la hora de combatir la evasión fiscal y se verán beneficiados de los ingresos adicionales que resulten de esas actuaciones.
También se acordó la realización de "intervenciones de naturaleza constitucional" (modificaciones en la Constitución) en las medidas destinadas a reducir los parlamentarios, así como en la supresión de provincias.
Según el plan aprobado en Consejo de Ministros, estaba previsto que se suprimieran las provincias con una población inferior a los 300.000 habitantes o a los 3.000 kilómetros cuadrados, lo que suponía la desaparición de unas 29 provincias en todo el Estado.
En cuanto a los ayuntamientos (se había establecido la eliminación de los municipios de menos de mil habitantes), se decide mantenerlos, aunque a partir de 2013 deberán llevar a cabo de forma conjunta "todas sus funciones fundamentales" y se reducirá el numero de consejeros municipales.
La reducción del número de provincias generó críticas entre los representantes de organismos provinciales, que en los últimos días han protagonizado diversos actos de protesta.
Por otro lado, en el encuentro de hoy, que duró más de siete horas, se decidieron modificaciones en el ámbito de las pensiones, uno de los caballos de batalla de la Liga Norte, que había mantenido su oposición a que se introdujeran cambios en este ámbito.
En la nueva propuesta de la mayoría gubernamental se establece que, para poder acceder a la jubilación, será necesario tener cuarenta años cotizados, aunque se excluirá de ese cómputo el tiempo de servicio militar y estudios universitarios.
Así, el responsable de Economía y Trabajo del opositor Partido Demócrata (PD), Stefano Fassina, afirmó que la intervención en las pensiones contradice la postura mantenida hasta la fecha por la Liga, pues, si los años de servicio militar o de estudios superiores dejan de computar, muchos trabajadores tendrán que retrasar su edad de jubilación.
El plan de ajuste aprobado el 12 de agosto en Consejo de Ministros, que incluía tanto medidas de ahorro como recaudatorias, tenía un valor total de 45.500 millones de euros para 2012 y 2013.
Con la aprobación de estas medidas se pretende sanear las cuentas de Italia, cuya deuda pública supera el 120 por ciento del PIB, y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013, como exigió el Banco Central Europeo, así como calmar la presión de los mercados sobre el país.
