A principios de este año el Gobierno italiano aprobó la última reforma de las pensiones, después de que durante los últimos 30 años se hayan ido retocando los criterios, el más importante de los cuales fue pasar del sistema retributivo al sistema contributivo (1992).

Durante este largo período no se han producido grandes protestas por los cambios, excepto cuando (2011) se aumentó de repente y sin gradualidad la edad de la jubilación de 60 a 65 años. Era el momento en que la crisis financiera comenzada entre el 2007 y el 2008 y partiendo de los EEUU se cebó en Italia.

Se intentaron dos referéndums de iniciativa popular, inspirados respectivamente por los partidos de la extrema izquierda y por la Liga. El Supremo declaró inadmisible el primero porque mientras tanto se había producido crisis de gobierno y el Constitucional hizo lo mismo con el de la Liga porque consideró que se trataba de una ley que formaba parte de los Presupuestos del Estado.

El sistema actual se conoce como "cuota 100", o sea por la suma que tienen que dar los años de contribución (un mínimo de 35) y la edad. El sistema prevé adaptaciones para las generaciones que se encontraban inmediatamente antes del cambio de sistema, que contará con dos años de experimentación (2020-2021) para poderse jubilar al final con 62 años de edad y 38 de contribuciones.

En 1992 se aprobó que el cálculo de la jubilación fuera sobre la base de todo el periodo laboral del trabajador y no solo sobre los últimos años. En 1995 se pasó del sistema retributivo (el importe de la jubilación era independiente de las cotizaciones) al contributivo (pensiones adecuadas a cuanto se ha cotizado). Cada uno de estos dos pasos se dio aprobando también excepciones para quienes habían cotizado suficiente antes de los cambios.

La variable de la esperanza de vida para el cálculo de las pensiones por parte de la Seguridad Social (INPS) italiana se encuentra bloqueada hasta el 2026.

La citada cuota 100, que permite que un ciudadano pueda jubilarse antes de la edad legal, impone que el titular de dicha pensión solo pueda seguir trabajando ocasionalmente y por un importe bruto no superior a 5.000 euros por año.