La empresa naval Izar, que agrupa a los antiguos astilleros públicos españoles, deberá devolver 308,3 millones de euros de ayudas públicas ilegales concedidas en 1999 y en el 2000 por el Gobierno del PP, según acordó ayer la Comisión Europea. Izar tiene pendiente además otro expediente abierto por ayudas públicas ilegales de unos 1.500 millones de euros recibidas en el 2001 y el 2002. Los expedientes se abrieron por las denuncias de los astilleros daneses y británicos.
La Comisión Europea dictaminó que los astilleros, actualmente propiedad de Izar recibieron de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una ayuda de 500 millones de euros en el periodo 1999-2000. Esta ayuda, señaló la Comisión Europea, es ilegal, porque los astilleros españoles no tenían derecho a nuevas subvenciones públicas tras el paquete de reestructuración de 1997.
