Los pensionistas volvieron ayer a la carga con nuevas manifestaciones en toda España. Este colectivo se ha fijado como objetivo principal que las pensiones se consideren un «derecho fundamental» y, por tanto, no tiene previsto abandonar la calle hasta que se blinden como tal en la Constitución española. Solo de esta forma, proclaman, se evitará la privatización del sistema público que se quiere impulsar desde Europa.

Las protestas de ayer reunieron a miles de jubilados de toda España, que también persiguen la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años -con una subida anual de solo el 0,25% desde el 2014- y la sensibilización de otros colectivos como los jóvenes ante un problema «que afecta a todos», subraya la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

El malestar de los pensionistas se visibilizó en numerosas manifestaciones celebradas en toda España, en las que también se insistió en la derogación del factor de sostenibilidad, que se estima que reducirá la cuantía de las futuras prestaciones. Menos ladrones y más pensiones, Rajoy escucha, devuélveme la hucha o A ti que estás mirando también te están robando, fueron algunos de los lemas mas repetidos en las protestas.

EN MANOS DE BANCOS Y FONDOS / Uno de los portavoces de la Coordinadora Estatal, José Luis Cabello, alertó de que Europa quiere implantar a partir de julio el Plan europeo de Pensiones Individuales (PEPP, en sus siglas en inglés). Esta iniciativa obligará a todos los estados a aplicar un modelo de pensiones privadas, que «serán gestionadas en el futuro por bancos y fondos de inversión», denunció Cabello.

Desde la Coordinadora instan a los ayuntamientos a que presenten mociones de rechazo a este plan europeo de pensiones privadas. «Esto no va a afectar a las pensiones de hoy pero sí a las de mañana y supondrá que el Estado aporte una cantidad mínima a los pensionistas; el resto tendrá que venir de los planes privados de los ciudadanos», dijo Cabello.

La plataforma también criticó que las pensiones se utilicen como «moneda de cambio» y que se «trapichee con los derechos fundamentales» con fines electoralistas, en alusión al reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PP y el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que contemplan una revalorización de las pensiones del 1,6% este año y conforme al IPC en el 2019. Pero este incremento es considerado como «migajas», ya que el futuro es incierto, principalmente para los jóvenes, recuerda este colectivo.

La próxima movilización de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones se celebrará el próximo 26 de mayo, según anunciaron ayer los organizadores. Los pensionistas mantienen viva su lucha.