La Audiencia Nacional ha anulado la convocatoria para el 2014 de ayudas y subvenciones públicas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la ejecución de los planes de formación para trabajadores, que fue publicada en el BOE el 27 de agosto de ese año. La sentencia emitida el pasado 21 de julio, casi dos años después, anula la convocatoria, de ámbito estatal, por ser "disconforme con el ordenamiento jurídico".
Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han estimado el recurso presentado por tres patronales: la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED). La primera iniciativa de estas organizaciones empresariales fue una demanda, rechazada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo en diciembre del 2015, informa Europa Press.
La anulación del plan de formación que el Gobierno aprobó con la oposición de los agentes sociales, especialmente de las organización es empresariales, se debe a la omisión de un informe preceptivo que debería de haber emitido la comisión estatal de formación para el empleo del SEPE y cuya no presentación "ha generado a la postre un defectuoso conocimiento de los elementos de juicio por parte del órgano autor de la convocatoria, que de haberse emitido podría incluso haber dado lugar a un contenido distinto".
La sentencia arguye que el informe "debió emitirse previamente a la propuesta de distribución del presupuesto del subsistema de formación profesional para el 2014".
Para las empresas esta omisión supuso "la privación del derecho de participación de los trabajadores y empresarios a través de los agentes sociales que los representan en dicho órgano".
CUOTA PARA OTRAS POLÍTICAS
En cuanto a la alegación principal referida al carácter finalista de la cuota obligatoria de la formación profesional que recauda la Tesorería General de la Seguridad Social y que abonan trabajadores y empresarios, los denunciantes apuntaban que su importe debe destinarse íntegramente a la financiación de la formación de los trabajadores ocupados, siendo por tanto "ilegal" que tales fondos se destinen a financiar las políticas activas de empleo dirigidas a desempleados.
De esta forma, alegaban que se infringía la ley general Presupuestaria y la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014.
