La sala de lo social de la Audiencia Nacional dio ayer un varapalo al Gobierno al expresar sus dudas sobre si es legal o por el contrario va contra la libertad sindical y la negociación colectiva el decreto que rebajó el sueldo de los funcionarios y personal laboral de la Administración.

El tribunal, en una providencia con fecha 30 de septiembre, da un plazo de 10 días a las partes --CCOO, el Ejecutivo y el Ministerio Fiscal-- para que presenten sus alegaciones para estudiar la posibilidad de presentar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La sala de lo social tomó la decisión por unanimidad.

Los jueces entienden que el decreto de 20 de mayo de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que fue el detonante de la huelga de funcionarios de junio, "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical y de la negociación colectiva".

El abogado de CCOO, Enrique Lillo, que presentó la demanda en representación de la sección sindical de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), considera que la sala "refuerza" las tesis de las centrales de que un real decreto no puede cambiar los acuerdos adoptados mediante negociación colectiva.

El decreto denunciado por CCOO fijaba una rebaja en los sueldos públicos del 5% como media, aunque excluía al personal, pero no a los directivos, de empresas públicas como Renfe, Adif y Aena.

En su escrito, la Audiencia Nacional también expresa sus dudas sobre si esta diferencia de trato es correcta o no, un debate que ya se suscitó cuando el Gobierno decidió el recorte selectivo, y si por tanto "podría afectar al derecho de igualdad".