En una decisión sin precedentes dentro del Estado español, la juez que instruye el caso Gescartera, Teresa Palacios, ha decidido mantener por dos años más el encierro preventivo de Antonio Camacho, el máximo accionista de la operadora financiera. Asimismo, ha dejado en tres millones de euros (500 millones de pesetas) el valor de la fianza, "imposible de pagar" según la defensa, que aseguró que recurrirá al Constitucional.
La decisión de Palacios, tres días antes de que venza el plazo, responde al "alto riesgo de fuga del acusado", que este jueves cumplirá dos años de prisión sin que se reúnan pruebas para someterlo a juicio por la desaparición de 108 millones de euros (18.000 millones de pesetas) que afectó a más de mil inversores.
En el auto de seis páginas, la juez basa el riesgo de fuga en la "juventud" del acusado, en la "falta de arraigo patrimonial transparente" y en el hecho de que hay muchos afectados. Además, Palacios rechazó la alegación de la defensa, que sostiene que Camacho no tiene "bienes", diciendo que "quizás se encuentren ocultos extramuros de este país".
