Al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, no se le terminan los problemas ni tras la venta de sus empresas. El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha decretado el embargo "preventivo" de bienes por importe de 37,64 millones de euros a Inversiones Grudisan --sociedad patrimonial de Díaz Ferrán-- y a su socio, Gonzalo Pascual, por el concurso de acreedores de Air Comet. El juez considera "fundada" la posibilidad de que este concurso se califique como "culpable" tras detectar "graves irregularidades" en la gestión de los exadministradores de la aerolínea quebrada en diciembre del 2009.
En un auto fechado el pasado 3 de agosto, contra el que no cabe recurso, el juez sustituto Javier Yáñez extiende el embargo a dos de los hijos de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (Gerardo Díaz Santamaría e Ignacio Pascual de Riva), y a un exconsejero de Air Comet, José María Llodrá Serrano. El magistrado considera "indiciariamente acreditada" la posible culpabilidad de los expropietarios porque Air Comet afrontaba abultados impagos desde enero del 2008, y no fue hasta diciembre del 2009 cuando se acogió a la ley concursal para renegociar la deuda contraida.
"Esa pasividad pudo generar en una agravación de la insolvencia, al mantener en el tráfico económico una sociedad que no puede atender sus obligaciones, generando nuevos gastos y contrayendo nuevas obligaciones que no podría atender", añade el auto.
El juez pone como ejemplos el "importante pasivo" de 7,33 millones que arrastraba la empresa con la Seguridad Social hasta febrero del 2009; que desde enero del 2008 hasta la declaración de concurso no afrontaba los ingresos correspondientes a retenciones del IRPF por trabajo personal y que no pagaba salarios desde julio del 2009. Por ello, cifra el embargo de bienes en 37,6 millones correspondientes al pasivo generado entre marzo del 2008 y diciembre del 2009, y busca evitar que el patrimonio "disminuya o directamente desaparezca".
El auto también concluye que existe un "importante desbalance" en el patrimonio de la concursada que impedirá satisfacer las deudas de los más de 24.000 acreedores (viajeros afectados), ya que cuando solicitó el concurso los activos de la firma ascendían a 84,5 millones, frente a un pasivo de 310,4 millones de euros
La declaración de un concurso de acreedores como culpable es muy temida por los empresarios, ya que obliga a estos a hacer frente con su patrimonio a las deudas existentes. Nuevos problemas que vuelven a poner en duda la pertinencia de la presidencia de Díaz Ferrán en la CEOE, patronal que declinó ayer realizar declaraciones.
