El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al Banco Santander como persona jurídica en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital acometida en el 2016 y en la que podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.
El magistrado acuerda imputar al Santander por ser la entidad que absorbió al Popular una vez este había quebrado. De este modo, el banco presidido por Ana Botín ‘hereda’ la responsabilidad penal en que pudieron incurrir los gestores del otro banco, que ya no existe como persona jurídica.
En un auto, el magistrado acuerda la «sucesión procesal por absorción de sociedades, teniendo por dirigido el presente procedimiento contra Banco Santander», una vez acreditada en las presentes actuaciones la inscripción del acuerdo de fusión por absorción en el que la entidad Banco Santander absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular.
El juez explica que, tal y como establece el Código Penal, «la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión». El magistrado dictamina que una vez se emita el informe pericial sobre la absorción del Popular por parte del Santander, se acordará la declaración en sede judicial del representante legal del segundo.
La adquisición del Popular tuvo lugar en junio del 2017. Solo tres meses después el juez imputó a los expresidentes Ron y Saracho y a miembros del antiguo consejo.
