El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para los días 1 y 2 de julio a declarar como imputados por un delito de uso de información relevante al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, al consejero Alfonso Paz-Andrade y a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.
Así lo ha acordado Ruz en un auto en el que se declara competente para investigar la presunta falsedad de las cuentas presentadas por la empresa, tras admitir tres de las cuatro querellas presentadas por estos hechos, e imputa también a Pescanova como persona jurídica por falseamiento de información económica y financiera.
A todos los imputados, salvo a los accionistas, les imputa también por delitos de falseamiento de información económica o financiera y falseamiento de cuentas anuales, delitos por los que ya les llamará a declarar más adelante, y rechaza la intervención judicial de Pescanova, porque ya está sometida a un concursal en Galicia.
El juez de Pontevedera que tramita el concurso de la compañía decidió recientemente revocar los cargos ejecutivos de Pescanova, entre ellos el de Sousa, y nombrar un administrador judicial, cuyo nombramiento recayó en la auditora Deloitte. El adminsitrador mantiene negociaciones con la banca acreedora con el objetivo de conseguir una línea de crédito de 55 millones de euros, para la que existe un preacuerdo con las entidades financieras, aunque no ha llegado a firmarse.
Pescanova mantiene una deuda financiera que supera los 3.000 millones de euros, aunque Sousa, en una entrevista en la Cadena Ser ha señalado que esa deuda es inferior porque existen activos de la compañían que no han sido contabilizados a su valor real. Esa, sin embargo, no es la opinión de las entidades acreedoreas.
