El juez Santiago Pedraz desautorizó ayer a la fiscalía de la Audiencia Nacional en el auto en el que archiva el caso Air Comet por considerar que no hay delito ni perjudicados. El magistrado aprovecha su resolución para saldar viejas cuentas con la fiscalía que dirige Javier Zaragoza y afirma que el escrito del ministerio público "solo cuenta con meras afirmaciones desnudas sobre la posible existencia de un delito que no permiten iniciar un procedimiento penal". Los demandantes afectados anunciaron que iban a recurrir la decisión del juez y la fiscalía respondió con la apertura de unas diligencias de investigación.

Pedraz respondió en menos de 24 horas al requerimiento de la fiscalía, que el pasado lunes le reclamó investigar si los dueños de Air Comet, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario Gonzalo Pascual habían cometido un delito de estafa por vender billetes después de que un juzgado de Londres les ordenara cesar la actividad de la aerolínea por impago el pasado 21 de diciembre.

En un auto inusual, el juez responde a esta pretensión con reproches. Sostiene que la denuncia presentada por varias asociaciones de consumidores, representadas por la CEACCU, no describe "racionalmente la existencia de delito alguno". También rechaza que este caso sea competencia de la Audiencia Nacional. Y niega que exista una "generalidad de personas" perjudicadas, como sostenía el fiscal en su escrito del pasado lunes.

LAS CRITICAS El juez reprocha al ministerio público que realice esta afirmación tras haber leído en los medios de comunicación la orden del juzgado de Londres de cese de actividad por impago. Por ello, sostiene que los dueños no son responsables del cierre de la compañía y tampoco que hayan causado perjudicados. Pedraz subraya que los posibles afectados por el cierre de Air Comet "vieron satisfechas sus pretensiones por el Ministerio de Fomento, que implementó los medios necesarios para que las personas volaran a sus destinos". Por ello, afirma que el perjudicado "sería la Administración".

Tras esta descripción de los hechos, el magistrado carga contra el fiscal, al que explica que lo que debe hacer es "efectuar una narración" de los hechos "que considera delictivos aportando algún indicio, siquiera mínimo, que avale su verosimilitud". También exige al fiscal que identifique a los autores y la forma en que han cometido el delito, es decir, que instruya la causa.

Pedraz y Zaragoza protagonizaron un enfrentamiento tras la detención de un pirata somalí por las divergencias sobre su mayoría de edad. La relación entre ambos no se ha restablecido.