La disputa con EEUU comenzó a fraguarse en 1997 y tiene su origen en las ventajas impositivas garantizadas a las empresas norteamericanas con filiales en paraísos fiscales. En función de la ley sobre empresas exportadoras, las compañías logran rebajas fiscales de hasta el 30%, al quedar exentas de tributación las filiales instaladas en lugares como las Islas Vírgenes. En noviembre del 2000, la UE presentó una demanda ante la OMC. Tras varias resoluciones, en agosto del 2002 la OMC autorizó sanciones por 4.000 millones de dólares.