Wall Street es el último daño colateral del célebre 'decoupling' o desconexión que en estos tiempos inciertos y convulsos se vaticina entre las dos grandes economías globales. El Senado estadounidense ha aprobado una ley de transparencia que, si concluye su itinerario, allanará la huida de las multinacionales chinas. La medida, como es norma en el 'decoupling', perjudicará a todos.
El Acta de Responsabilidad Contable de las Compañías Extranjeras podría apellidarse 'Luckin Coffee'. Es la 'start-up' china que ha ocupado portadas desde que dos años atrás irrumpiera con la promesa de destronar a Starbucks.
Su fórmula es opuesta y más afín al mercado chino. Los establecimientos son apenas cocinas, sin sofás mullidos ni 'okupas' de internet, a los que se acude para recoger el café encargado en una aplicación de móvil. El negocio concita audacia, inversión y velocidad: sus 5.000 tiendas superaron a las de su rival estadounidense y vendió 85 millones de tazas en un año gracias a una agresiva política de descuentos que desdeñaba las pérdidas frente a la masa crítica de clientes.
No extrañó que consiguiera 500.000 millones de dólares en su debut el pasado año en Wall Street. Después llegó la tormenta. La compañía admitió que había inflado sus ventas en 300 millones de euros, las acciones cayeron de 50 a tres dólares, Nasdaq interrumpió su cotización y arreciaron las llamadas a proteger a los accionistas de los chanchullos chinos.
La nueva normativa prevé la expulsión de las compañías si no han abierto sus libros a los auditores estadounidenses en tres años. El proyecto, como ocurre cuando está China de por medio, ha unido a todo el arco político.
“Es estúpido que permitamos que las compañías chinas exploten a los trabajadores que han colocado en la bolsa sus ahorros para la jubilación o la universidad porque no insistimos en examinar sus cuentas. Hay muchos mercados en el mundo que están abiertos a los timadores, pero Estados Unidos no puede permitírselo”, ha justificado el senador republicano John Kennedy. Todas las compañías, ha añadido el demócrata Chris Van Hollen, deben someterse a la misma transparencia “para que los inversores puedan tomar sus decisiones con información fiable”.
Las compañías chinas tendrán que elegir entre las auditorías o las maletas. “Debido a lo que China considera como asuntos de soberanía, nunca aceptarán un examen completo. Quizá sí en ciertas áreas como ya ha ocurrido en el pasado”, opina Stanley Rosen, profesor de Ciencia Política en el Instituto Estados Unidos-China de la Universidad de South Carolina. Ocurrió, recuerda Rosen, con la fiscalización de la venta de entradas en cines después de que Hollywood denunciara que se minimizaban las recaudaciones. “Pero siempre tendrán muchas precauciones de lo que enseñan, y los auditores estadounidenses tendrán que trabajar con sus colegas chinos”, añade.
La guerra comercial ya había empujado a compañías chinas hacia Hong Kong para una segunda capitalización que redujera riesgos y ampliara su base de inversores. Alibaba, el gigante tecnológico, consiguió el pasado año casi 12.000 millones de euros en una operación que fue descrita por su consejero delegado, Daniel Zhang, como “el regreso a casa”. Su máximo rival, JD, ya tramita el proceso. Y el acta aumentará el caudal. En los últimos días se habla de Netease, líder de videojuegos, o de Trip, que capitanea las reservas de turismo. Las estrategias consisten en adelgazar su presencia en Wall Street o, simplemente, marcharse. En el último grupo está Baidu, el buscador más célebre en China, reveló la agencia Reuters. “Seguimos muy de cerca las regulaciones cada vez más estrictas del gobierno estadounidense y estamos estudiando qué hacer. Para una buena compañía existen muchos destinos para capitalizarse”, afirmó su director ejecutivo, Robin Li, en el diario China Daily.
Nadie ganará con el éxodo. Las compañías chinas perderán un mercado imbatible por su liquidez y amplitud de accionistas. Y para Wall Street será una sangría. Ahí cotizan 156 empresas chinas con un valor acumulado de 1,2 mil millones de dólares. El Acta necesita aún la aprobación del Congreso y la firma de Trump en un proceso que enfrentará a la razón con las inercias políticas. A un lado, las presiones lobistas de Wall Street para evitar el disparo en el pie. Al otro, las diarias y recíprocas acusaciones entre demócratas y republicanos de complicidad con China que desaconsejan cualquier movimiento que dé munición al rival.
Donald Trump sintetizó el dilema shakesperiano en su último discurso. El Gobierno, aclaró, está “contemplando seriamente” la expulsión de las compañías chinas. “Pero digamos que lo hacemos. ¿Y qué van a hacer ellas? Se irán a Londres o a cualquier otro sitio”, razonó después.
