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SECTOR FINANCIERO

La ley hipotecaria frenará el acceso a la vivienda a las rentas más bajas

El Banco de España valora que la norma contribuirá a evitar nuevas burbujas

 

Construcción de un edificio de viviendas. - FERRAN NADEU

ROSA MARÍA SÁNCHEZSClB epextremadura@elperiodico.com MADRID
22/03/2019

La aplicación de la nueva ley hipotecaria, que obliga a las entidades financieras a ser más exigentes en la concesión de los créditos, «restringirá, al menos en el corto plazo, el acceso a la vivienda en propiedad a algunos colectivos con rentas bajas».

Así lo afirmó ayer la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en una jornada de análisis sobre la nueva ley de crédito inmobiliario organizada por Pwc. Añadió que, a pesar del «aumento inevitable en los costes de los nuevos préstamos», el mayor rigor en la concesión de las hipotecas favorecerá la estabilidad en los precios de la vivienda a lo largo del ciclo. «Conviene recordar que el crecimiento desbocado de los precios es el principal factor que acaba limitando el acceso a la vivienda en propiedad», aseguró Delgado.

ACCESO A LA VIVIENDA / En un reciente informe publicado hace una semana, el Banco de España reconoció abiertamente que la nueva ley encarecerá las hipotecas ya que los nuevos gastos que asumirán las entidades podrán ser trasladados a las condiciones de los nuevos préstamos. También adelantaba un posible endurecimiento de los requisitos de concesión de créditos a las personas con mayor perfil de riesgo.

En todo caso –apuntó ayer la subgobernadora– no corresponde a las entidades financieras, sino a los poderes públicos, garantizar el derecho a una vivienda digna a colectivos menos favorecidos. En este sentido, Delgado recordó que «la construcción de vivienda protegida se encuentra en mínimos» a pesar de la relativa recuperación económica.

VALORACIÓN POSITIVA / La subgobernadora ha expresado la «valoración positiva» que hace el Banco de España de la nueva ley de crédito hipotecario por la mayor protección al cliente bancario y porque restablece la seguridad jurídica.

«Es evidente que, en términos económicos, el coste de la litigiosidad y su terrible efecto en la reputación de todo el sector, sobrepasan con creces cualquier hipotético beneficio que entidades individuales hubieran podido obtener a través de prácticas más que cuestionables», como las realizadas en el pasado por una buena parte del sector.

Solo en lo relativo a las cláusulas suelo, las reclamaciones presentadas ya han llegado a casi 1,2 millones con un coste hasta la fecha superior a los 2.300 millones de euros, según datos de diciembre del 2018 aportados por la subgobernadora.

Delgado ha recordado que «antes y durante la crisis» se produjeron algunas prácticas comerciales bancarias «más que cuestionables». Además, en muchas ocasiones «las entidades relajaron en exceso los estándares y principios básicos a seguir en la concesión de operación crediticias», otorgándolas a clientes sin solvencia suficiente.

Esta circunstancia, «evidentemente, tampoco nos deja en muy buen lugar a los supervisores, que no reaccionamos adecuadamente ante el debilitamiento de dichos estándares de concesión», ha admitido la subgobernadora, en un ejercicio de autocrítica sobre la deficiente labor del Banco de España en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria.

«DESCORAZONADOR» / La nueva ley de crédito hipotecario establece que la evaluación de la solvencia del cliente no deberá basarse predominantemente en el valor del inmueble que se presta como garantía, «ni mucho menos en la hipótesis de que el valor de dicha garantía aumentará», como se hacía antes de la crisis.

La ley fija que el análisis de la solvencia del prestatario deberá hacerse tomando en cuenta diferentes cuestiones, tales como pueden ser la situación de empleo, los ingresos presentes y también futuros, los activos en propiedad, ahorro disponible, gastos fijos o compromisos asumidos.

Según la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, «resulta descorazonador» tener que exponer en una ley estos principios tan básicos, que, de haberse aplicado con anterioridad «hubiera ayudado a frenar el crecimiento desbocado del crédito antes del estallido de la crisis».