George Bush y su rival por la presidencia de Estados Unidos en noviembre, John Kerry, tienen millones de razones para convertir la reforma del sistema de salud en un eje de su disputa electoral. En concreto, nueve millones. Ese es el número de trabajadores estadounidenses que del 2001 al 2003 perdieron los seguros médicos que obtenían de sus empresas.
La cifra, facilitada por el Centro para el Estudio del Cambio del Sistema de Salud (HSC), sitúa el número de ciudadanos sin seguro por encima de los 44 millones. De hecho, baja desde el 67% hasta el 63% el porcentaje de obreros menores de 65 años cubiertos por sus empresas, el mayor descenso desde los 90.
Tras los datos se esconde una realidad compleja cuyas posibles soluciones dividen no sólo a políticos sino también a expertos. Las causas, sin embargo, son claramente identificables: los gastos médicos crecen en EEUU más del doble que la inflación. Y cuando suben los costes de los hospitales (responsables del 53% del aumento del gasto médico) y de los medicamentos (un gasto doblado desde 1998 hasta alcanzar los 184.000 millones de dólares), suben las primas.
Restricciones
Hace ya más de una década que las empresas estadounidenses repartieron con sus empleados el pago de los seguros. Y esas primas han pasado de 6.772 dólares en el 2000 a 9.549 dólares en el 2003. Eso sí, las empresas repartieron el peso pero no los beneficios. Consecuencia, se ha reducido la cobertura médica, incluyendo restricciones en la elección de doctores y hospitales.
Los últimos datos reafirman la tendencia. Las cotizaciones a las mutuas sanitarias crecieron un 13,9% en el 2003, según datos de la Kaiser Family Foundation. "Los empresarios no creen que esto sea sostenible. Los últimos datos no convencerán a la gente de que se ha superado la crisis", dice Paul Ginsburg, presidente de HSC.
"El sector privado ha tocado el límite de lo que puede hacer", sostiene Ed Potter, presidente de la Fundación de Política de Empleo. La semana pasada presentó un estudio que fijó los seguros médicos como el beneficio laboral más costoso para las empresas, un gasto que rozó los 331.000 millones en el 2003, el 12,4% más que en el 2002. "Cuando tienes grandes compañías que ya no son capaces de ser competitivas si se responsabilizan de esa factura hay que reconocer que hay un problema".
