Los grandes despachos de abogados del país han logrado impulsar un cambio legislativo que les permitirá soslayar el pago de una deuda con la Seguridad Social que supera los 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas). La Inspección de Trabajo había iniciado procedimientos liquidadores a varios de estos bufetes que quedarán sin efecto gracias a un proyecto de ley que se votará el próximo miércoles en el Senado.
Si se exceptúa a los despachos relacionados con empresas de auditoría --como el de Garrigues-- y excepcionalmente el de Javier Cremades, que regularizó la situación de sus 60 abogados, casi todos los grandes bufetes contratan a sus empleados dentro del régimen de autónomos.
Entre la profesión ha corrido como la pólvora la historia de una demanda, presentada por uno de estos abogados, que llegó al Ministerio de Trabajo y provocó el celo de uno de los inspectores de la Seguridad Social. Ese funcionario visitó a los grandes despachos y, según fuentes de Trabajo, levantó actas de infracción que han llegado a los 12 millones de euros en el caso de un conocido bufete de Madrid.
La situación de los empleados roza el concepto de los llamados falsos autónomos: trabajadores contratados por cuenta propia a pesar de desempeñar una tarea para un único empleador.
El socio de un importante bufete explica que la inspección de trabajo se apoyó en una sentencia del Tribunal Supremo y reclamó a estos grandes despachos las cuotas que deberían haber pagado a la Seguridad Social por sus empleados durante los últimos cuatro años. Según las mismas fuentes, los grandes despachos presionaron al Gobierno para que arreglara la situación.
Finalmente, el PSOE introdujo una enmienda dentro de un proyecto de ley que no tenía nada que ver con el problema. La disposición, aprobada el pasado martes en la Comisión de Economía del Senado, se votará el próximo miércoles.
EMPLEADOS ESPECIALES Según Manuel de la Rocha, de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de Madrid, la enmienda establece un régimen laboral especial para estos abogados por cuenta ajena que será regulado en un año. Y obliga a los despachos a dar de alta a sus letrados en el régimen general de la Seguridad Social a los tres meses de entrar en vigor la ley, pero "concede una amnistía y hace borrón y cuenta nueva de la deuda anterior sustrayendo de manera urgente cuatro años de cotizaciones a estos trabajadores".
Con la reforma, los abogados por cuenta ajena se convertirán en trabajadores especiales, como lo son las empleadas del hogar o grandes ejecutivos.
