El sector farmacéutico teme que las presiones para recortar el gasto público sanitario lleguen a desestabilizar las amigables relaciones con la Administración. Mientras la Autoridad Independinte de Responsabilidad Fiscal (Airef) lanza una carga de profundidad contra el statu quo al reclamar al Gobierno un nuevo marco de relaciones basado en un nuevo sistema de subastas para el pago de medicamentos, el sector farmacéutico quiere lanzar un mensaje de moderación y consenso para buscar nuevas vías de consenso.
La Airef ha propuesto extender el modelo andaluz de subasta de fármacos de Andalucía a toda España. Según sus estimaciones, ahorraría hasta 1.000 millones de euros en gasto al Sistema Nacional de Salud (SNS) si se aplicara de forma extensiva en todas las comunidades autónomas. Paralelamente, también ha abierto el foco a la mejora de los proyectos de I+D+i, con la colaboracion público-privada con "ayudas en clústeres de innovación" y aumentando los apoyos "destinados a recursos humanos".
El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, siempre ha abogado por potenciar las relaciones con la Administración e impulsar nuevas vías de colaboración público-privadas que abran nuevos horizontes. Pero en su caso, el énfasis suele situarse en la oportunidad que la red de sanidad pública puede ofrecer a los laboratorios en el campo de ensayos clínicos. En algunos momentos llegó a plantearse la posiblidad de un entre público-privado para la gestión de pruebas clínicas a gran escala en la que participasen tanto laboratorios como investigadores aprovechando el envidiable sistema sanitario español. Pero esos proyectos no han encontrado el foro adecuado de discusión.
Las crítica de la Airef de falta de colaboración estrecha público-privada no suena mal para el sector en el fondo. Durante la Asamblea General Ordinaria de la patronal, Sellés subrayó este jueves el compromiso de las compañías farmacéuticas con las personas que padecen una enfermedad y, por tanto, con la importancia de velar por que puedan acceder a los medicamentos que necesitan. También su corresponsabilidad con la sostenibilidad del sistema sanitario, que se traduce en la busca de fórmulas eficaces como los acuerdos de riesgo compartido y el pago por resultados.
A través del Convenio de Farmaindustria con el Gobierno, la industria está obligada a retornar al Estado el exceso del gasto público en fármacos si su crecimiento es superior al del PIB. Volvió a reiterar Sellés "la idónea situación de España como plataforma para la investigación biomédica y la realización de ensayos clínicos, que sitúa al sector, por derecho propio, como una gran oportunidad para España como sector tractor y referencia del modelo económico al que debe caminar el país".
Según Farmaindustria, un total de 20 medicamentos con nuevos principios activos llegaron a los pacientes españoles el año pasado gracias a la actividad investigadora de las compañías. "La investigación biomédica, que es la razón de ser de la industria farmacéutica, llamada a dar con nuevos tratamientos para los pacientes, nos abre una oportunidad magnífica de atraer nueva inversión", ha aseverado Sellés.
La industria farmacéutica concentra en los 41.000 puestos de trabajo que genera de forma directa el empleo más estable (94,2% de contratos indefinidos), cualificado (62,4% titulados) y diverso (52% mujeres) de toda la industria española. Con respecto al peso industrial y económico del sector, la memoria anual de Farmaindustria recoge datos como los más de 11.000 millones de euros en exportaciones en el 2018, el 25% de la alta tecnología que exporta España, y los 15.000 millones en producción en suelo español.
El presidente de Farmaindustria mostró su preocupación por la "inestabilidad" que han provocado la provisionalidad del Gobierno y los procesos electorales y, especialmente, por la "incertidumbre" ante las medidas recogidas en la Actualización del Programa de Estabilidad, haciéndose eco algunas de ellas del informe de la Airef.
