Juan Ramón Quintás, presidente de la patronal de cajas de ahorro (CECA), defendía hace unos días, por enésima vez, la necesidad de reducir el peso político en estas entidades para reforzar su independencia e imagen. Un deseo que choca de frente con la guerra desatada por el control de Caja Madrid. El desenlace de esta lucha tendrá un alto valor simbólico, porque se trata de la cuarta entidad financiera española y la segunda del sector.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está intentando por todos los medios echar a Miguel Blesa, presidente de la caja, para colocar a un ejecutivo afín. Su plan cuenta con la oposición del alcalde de la capital, el también popular Alberto Ruiz-Gallardón; de IU, que ocupa la vicepresidenta de la entidad; y de CCOO, sindicato mayoritario en el grupo y muy crítico con la injerencia política. La dirección del PSOE de Madrid (PSM) está dividida entre su deseo de acceder a cargos de poder y la oposición de sus bases a pactar con Aguirre.

Caja Madrid se ha convertido en el principal campo de batalla de la política de la región. El problema de fondo es que Blesa --amigo personal del expresidente José María Aznar y que llegó a su cargo a propuesta de Gallardón-- ha mantenido una gestión independiente en asuntos claves para Aguirre (como la pugna por Endesa), si bien en otros se ha alineado con la comunidad.

La gestión de Blesa, que alcanzó la presidencia en 1996, ha sumado éxitos incuestionables. Bajo su mandato, la entidad ha aumentado su presencia en otras comunidades, ha iniciado su internacionalización (recientemente compró un banco en Florida), prepara la creación de un holding financiero (Cibeles), y se ha aupado a la cuarta posición de la banca por beneficios.

Pero la gestión no es el problema. La Comunidad sostiene que Blesa no puede optar a un tercer mandato, pero el presidente ha encargado un informe jurídico que indica lo contrario.