Tras un año de dura tramitación, el Congreso aprobó ayer de forma definitiva la ley que obligará al sector público a pagar en 30 días a partir del 2013 y a las empresas en dos meses. Puede parecer un tiempo excesivo, pero supone un avance sin precedentes frente a los actuales 154 días en que la Administración abona sus facturas y los 107 días que tarda en hacerlo el sector privado.

"Es la primera reforma estructural que se aprueba desde que estamos en crisis, absolutamente necesaria y de justicia", defendió Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Este lobi ha sido el gran valedor del cambio legal que, desde luego, no ha sido nada fácil de lograr.

Todos los grupos parlamentarios han terminado por apoyar, salvo en algún aspecto, la reforma. El gran caballo de batalla ha sido la eliminación de la cláusula de la ley vigente hasta ahora que permitía a las partes negociar plazos mayores de pago que los máximos fijados. En la práctica, eso convertía a la norma en un coladero y dejaba expuestas a las pequeñas y medianas empresas al poder de las grandes compañías.

El PSOE quería mantener la cláusula de acuerdo entre las partes en algunos casos, pero la unidad del resto de la oposición le hizo finalmente recular para no quedarse solo. Con todo, las constructoras, presididas por el exdirector de la oficina económica del Presidente David Taguas, han arrancado en el último momento un régimen especial.

Así, las compañías con contratos vivos de obra pública podrán pagar en un máximo de 120 días hasta al cierre del 2011, en 90 días hasta el fin del 2012, y en los 60 días generales a partir del 2013. Al resto de empresas, en cambio, los plazos de pago son de 85, 75 y 60 días en los mismos años. Y para la Administración son de 55 días este año, 50 el próximo, 40 en el 2012 y 30 en el 2013.