El proyecto de Presupuestos Generales del Estado puede leerse de muchas maneras y una de ellas es hacerlo por la vía de la sostenibilidad, es decir, hasta qué punto el dinero público presupuestado garantiza las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Y esa fue la pregunta que se hizo el equipo de la Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Cristina Gallach, y a la que respondió ayer en comisión parlamentaria con una cifra: 32.529 millones de euros.

Esa es la cantidad que incluyen las partidas de los capítulos 4 -dedicada a las inversiones- y 7 -transferencias corrientes, es decir, subvenciones y otras ayudas- de los presupuestos vinculadas directamente con los conocidos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), enunciados por las Naciones Unidas en el año 2015, y que van desde la eliminación de la pobreza hasta combatir el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades.

Según la Alta Comisionada, «todos y cada uno de los ministerios tiene partidas económicas destinadas a alguno de los objetivos y metas de la agenda 2030», siendo el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el que más aporta a la cuantía total. En concreto, de los más de 32.000 millones de euros, un 47% se destina a acciones enmarcadas dentro del objetivo 10 de lucha contra la desigualdad.