Más de 400.000 hogares han solicitado el ingreso mínimo vital (IMV) de forma telemática desde que se abrió el plazo para pedirlo, a mediados de junio, confirmó ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que defendió que el IMV es un instrumento «necesario y urgente», que más que una prestación y derecho subjetivo es una serie de políticas en torno a una prestación para ser eficaces en la inclusión, y remarcó que incorpora un instrumento de evaluación muy potente para ver si cumple sus objetivos.

Subrayó que han cuantificado en 3.000 millones su coste anual y afirmó que se propone llegar a unos 850.000 hogares -unos 2,3 millones de personas-. El ministro aseguró que «no es fácil» llegar a esos 850.000 hogares porque existe un porcentaje que siendo potencialmente destinatarios no la reciben porque no presentan la documentación.